El comercio, la hostelería, las personas con movilidad reducida o las empresas de servicios. Hay familias que han llegado a acumular 4.000 euros en multas.

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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha registrado hoy la solicitud de comparecencia del concejal de Movilidad Jorge Ribes en sesión plenaria, "por el 'fiasco' que ha supuesto la imposición del sistema de cámaras de vigilancia de acceso al centro y el cambio de criterio cuando antes defendía ".

De esta manera pide que el gobierno municipal de la alcaldesa socialista Amparo Marco dé explicaciones a los castellonenses por un sistema de control de tráfico, meramente recaudatorio, desde el 16 de febrero se han impuesto 7.000 denuncias, a razón de 200 euros cada una; un sistema que, además, se ha implantado con nocturnidad, sin informar previamente a nadie y que ha tenido un efecto rechazo, ya que desde que entró en vigor se han detectado una media de casi 400 vehículos menos al día que dejan de acceder al centro una pérdida de oportunidades para el comercio o la hostelería. Además, solicitamos su comparecencia para que dé cuenta del cambio de criterio por parte de la alcaldesa, que al dar marcha atrás, constata que este sistema no ha supuesto una mejora para los vecinos, como decía Ribes, sino todo lo contrario". 

"Tal ha sido la desinformación entre los vecinos, el comercio, la hostelería, las personas con movilidad reducida o las empresas de servicios, que hay familias que han llegado a acumular 4.000 euros en multas. La presión ciudadana ha obligado al gobierno municipal a rectificar aunque no de la manera que más nos hubiera gustado. Pensamos que la suspensión debería hacerse al menos durante toda la pandemia y no solo hasta octubre, porque con esta crisis económica sin precedentes las familias, empresas, pymes y autónomos están pasándolo muy mal. No es momento de ponerles más trabas sino de ayudarles"

Y añade: "Tal ha sido la desinformación que hay familias que han llegado a acumular 4.000 euros en multas, que ahora el gobierno municipal se ha comprometido a revocar, para devolverles el dinero que injustamente les han quitado".

Carrasco recuerda que gracias a la presión ciudadana, "el gobierno municipal de izquierdas no ha tenido más remedio que rectificar y atender el clamor de la mayoría de castellonenses, aunque no de la manera que más nos hubiera gustado. Pensamos que la suspensión del sistema de videovigilancia debería hacerse, al menos, durante toda la pandemia, tal y como pedimos ya en el Pleno y nos votaron en contra. Con esta crisis económica sin precedentes las familias, empresas, pymes y autónomos están pasándolo muy mal. No es momento de ponerles más trabas sino de ayudarles", concluye Carrasco.