Redondo se ha referido así a los nuevos planes de la alcaldesa de Castellón de seguir cerrando al tráfico rodado a motor el centro de la ciudad.

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El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha reclamado que la alcaldesa socialista Amparo Marco y que por tanto abra a “la participación ciudadana la implantación de una nueva zona de bajas emisiones en el centro de la capital, porque la transición en la movilidad de los vecinos y visitantes no puede hacerse de espaldas a los castellonenses”.

Juan Carlos Redondo se ha referido así a los nuevos planes de la alcaldesa de Castellón de seguir cerrando al tráfico rodado a motor el centro de la ciudad, según el nuevo contrato que acaba de adjudicar, por importe de 17.702,30 euros, para “la elaboración del anteproyecto para la implantación de una zona de bajas emisiones en la zona centro de la ciudad”.

“Los vecinos tienen derecho a saber los plazos para esa transición, con qué alternativas cuentan, qué zonas son las que se van a ver afectadas por este nuevo cierre de la ciudad y cuáles son las soluciones que se plantearán para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas en las zonas perimetradas en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos o para que los usuarios puedan llegar al tejido comercial del centro y las infraestructuras de estacionamiento existentes"

“No se puede construir la casa por el tejado. Avanzar hacia una movilidad más sostenible y mejorar la calidad de vida de los vecinos no puede significar en ningún caso imposición. Los castellonenses tienen derecho a decidir el modelo de ciudad que quieren y qué opciones tienen para conseguirlo. Lo contrario, solo va a seguir generando problemas, como ya está ocurriendo con la peatonalización de la avenida de Lidón, y próximamente se reproducirá también con la peatonalización de la plaza de La Paz”, ha lamentado.

“En el objeto del contrato especifica muy claramente que el objetivo de este nuevo informe técnico es reducir la utilización del vehículo privado en entornos urbanos y metropolitanos, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa. Los vecinos tienen derecho a saber los plazos para esa transición, qué alternativas cuentan, qué zonas son las que se van a ver afectadas por este nuevo cierre de la ciudad y cuáles son las soluciones que se plantearán para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas en las zonas perimetradas en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos o para que los usuarios puedan llegar al tejido comercial del centro y las infraestructuras de estacionamiento existentes”, ha subrayado el concejal Popular.

“El documento estará ejecutado en siete semanas, por lo que sería importante que a partir de ese momento se estableciera un calendario de trabajo con entidades sociales, económicas y resto de organizaciones políticas, para que Castellón pueda seguir evolucionando y creciendo de manera conjunta.