Carrasco: "Cabe recordar que la semana pasada se produjo un homicidio frente a un edificio okupado de la calle Marqués de Salamanca en el que un okupa mató a otro a golpes quedando el cuerpo sin vida en medio de la calle"

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La creciente preocupación por las okupaciones ilegales de viviendas en la ciudad de Castellón ha llevado al Partido Popular a presentar una iniciativa al Pleno ordinario de marzo en la que propone la creación de una Oficina Antiokupas de ayuda a los afectados. Del mismo modo, también buscará el respaldo del resto de grupos para aprobar la elaboración de un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de la ciudad de Castellón.

Su portavoz, Begoña Carrasco, explica que "éste es un problema más de inseguridad ciudadana que afecta tanto a los propietarios del inmueble okupado, como al resto de vecinos, teniendo que soportar comportamientos incívicos, peleas y amenazas, como han denunciado en múltiples ocasiones los residentes en fincas okupadas de la calle Dean Martí, de la calle Borriol y en el Raval Universitari o de viviendas de la Marjalería. Cabe recordar que la semana pasada se produjo un homicidio frente a un edificio okupado de la calle Marqués de Salamanca en el que un okupa mató a otro a golpes quedando el cuerpo sin vida en medio de la calle", explica la portavoz del PP, Begoña Carrasco.".

"También instamos al gobierno municipal a firmar un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, a fin de que el Ayuntamiento se implique económicamente en la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, por parte de los colegiados, a propietarios o comunidades de vecinos afectados por ocupaciones ilegales"

Según datos de las plataformas de afectados por okupaciones ilegales, más del 80% de las mismas no son de familias necesitadas. Está constatado que alrededor de la ocupación ilegal existen organizaciones y mafias que cobran hasta 3.000 euros por facilitar okupaciones, favoreciendo la comisión de hechos delictivos. Y según se desprende de los datos oficiales del Ministerio del Interior los 'okupas' toman casi mil viviendas al año en la Comunitat Valenciana. De enero a septiembre del 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron constancia de 90 casos de ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Castellón, es decir, una media de diez al mes. Se trata de una cifra similar a la registrada durante todo el 2020 (ese año las denuncias ascendieron a 134), pero muy superior a las de años atrás.

Para Carrasco el El Ayuntamiento, como institución más cercana, "tiene medios y capacidad para ayudar a dar una respuesta social a un problema que muchas veces sobrepasa la capacidad de los propietarios o vecinos afectados. Ayuntamientos como el de Madrid ya se han puesto en marcha activando el denominado Plan Integral de Lucha contra la ocupación ilegal, además de haber creado la denominada 'Oficina Antiokupas'".

De esta manera, insiste: "Éste es un plan y un servicio que también debería ponerse a disposición de los castellonenses con el fin de atajar el problema social y dar confianza y tranquilidad a los vecinos de la capital. Proponemos la elaboración de un protocolo en materia de ocupaciones ilegales para las viviendas del parque público inmobiliario municipal, con medidas generales y específicas que abarcan tanto la vigilancia preventiva como actuaciones de recuperación. Y la elaboración de un protocolo de intermediación para ayudar los propietarios privados afectados por una ocupación a recuperar el uso efectivo de su vivienda, al tiempo que a los ocupantes puedan tener una solución habitacional siempre y cuando estén una situación de vulnerabilidad acreditada".

Por último la iniciativa de los Populares también insta al gobierno municipal a firmar un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, con el fin de que el Ayuntamiento se implique económicamente en la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, por parte de los colegiados, a propietarios o comunidades de vecinos afectados. Un convenio en la misma línea que ya existe para el caso de los desahucios, con el fin de cubrir todo el espectro de problemas existentes en el área de la propiedad de una vivienda.