Pleno marcado por la protesta de los concejales del PP por el cierre del CICU de Castellón

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La portavoz el Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, lamenta que el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos rechace abrir un proceso de participación ciudadana, donde se pregunte a los castellonenses sobre la implantación de nuevas zonas de bajas emisiones, o lo que es lo mismo, que más calles alrededor del centro, como Asensi, San Vicente o incluso la Avenida Rey Don Jaime queden cortadas al tráfico definitivamente. Un proyecto de 11 millones en el que desaparecerán plazas de aparcamiento en los 745.000 metros cuadrados afectados.

"Los vecinos tienen derecho a decidir la ciudad que quieren y que no sea el gobierno 'de tapadillo' el que convierta el centro en una ratonera con el 'Castellón Central", ha manifestado Carrasco en el Pleno, marcado por la protesta de los concejales del PP por el cierre del CICU de Castellón. Todos han exhibido un cartel durante sus intervenciones donde se podía leer: "Ximo Puig cierra el CICU de Castellón...Amparo Marco calla y otorga".

"El Castellón Central costará 11 millones y va mucho más allá de la movilidad, plantea la transformación radical del centro. Va a cambiar las relaciones personales, los espacios de convivencia, los hábitos de consumo o la elección de lugares para vivir y lo hacen en medio de una crisis económica. Con la dificultad de las familias para llegar a fin de mes, el gobierno debería estar volcado en reactivar la ciudad y no en convertirla en una ratonera"

Para la portavoz Popular "no es el momento de restringir más accesos al centro cuando éste se muere y mucho menos de convertirlo en un 'gran hermano' lleno de cámaras para freír a multas con la crisis que hay".

"El gobierno vuelve a empezar la casa por el tejado, primero piden el dinero a Europa, luego hacen el boceto y para rematar adjudican la redacción y la ejecución del proyecto ya cerrado, sin preguntar previamente a los vecinos, igual que con Lidón y la Paz. Un proyecto de tal envergadura merece que sea consultado a la ciudadanía, es lo que pedimos en la moción, que tenga voz y voto para construir el Castellón que quieran y no el que decida por su cuenta el equipo de gobierno.

Lo que consiguen gobernando de espaldas a la ciudadanía es dividir y crear malestar al no verse atendidas las necesidades más urgentes que tienen los castellonenses", explica Carrasco.

"El gobierno empieza la casa por el tejado, primero piden el dinero a Europa, luego hacen el boceto y para rematar adjudican la redacción y la ejecución del proyecto ya cerrado, igual que con Lidón y la Paz. Un proyecto de tal envergadura merece que sea consultado a los castellonenses, es lo que pedimos en la moción, que tengan voz y voto"

La portavoz Popular ha destacado que el 'Castellón Central' va mucho más allá de la movilidad, "plantea la transformación radical del centro". "Va a cambiar las relaciones personales, los espacios de convivencia, los hábitos de consumo o la elección de lugares para vivir y lo hacen en medio de una crisis económica. Con la preocupación de las familias por llegar a fin de mes, el gobierno debería estar volcado en reactivar la ciudad y no en convertirla en una ratonera. Hay que invertir en el centro, adecentar calles, iluminarlas, ayudar a los comercios, embellecer edificios, intensificar la limpieza...etc. En definitiva, revitalizar el centro, haciéndolo de la mano de los castellonenses", insiste.

El Castellón Central va a suponer el cierre a la circulación de los vehículos a motor en un área comprendida entre la calle Cerdán de Tallada (al norte), las calles San Roque, Sanahuja, Gobernador, Guitarrista Tárrega y la avenida Casalduch (al este), calles Orfebres Santa Línea y Lepanto (al sur) y rondas Mijares y Magdalena (al oeste).

Según los análisis de la movilidad se verán afectados 97.988 vehículos que a la semana pasan por alguna de las calles del perímetro acotado. Las medidas restrictivas van a afectar a una medida de 6.515 plazas de aparcamiento, distribuidas entre 2.568 plazas públicas de rotación y 3.947 privadas de residentes. Según los cálculos y consideraciones de necesidades de aparcamiento, se requieren 4.320 plazas en la calle y 8.680 plazas en edificios privados.

La Pérgola

Los Populares han defendido en una segunda moción que los 2,5 millones de euros que la Consellería de Cultura ha denegado al Ayuntamiento para reformar la Pérgola sean redirigidos a otros edificios municipales necesitados de una actuación. Un dinero que bien se podría destinar al Mercado de Abastos, al Mercado Central de Castellón o a una nueva Biblioteca Municipal, han propuesto.

El concejal del PP Vicent Sales ha afeado a los socios de gobierno su enfrentamiento que les lleva a estar en una crisis permanente, también por la Pérgola. La Junta de Gobierno Local aprobó con los votos en contra de Compromís y Podemos requerir a la Consellería de Cultura -gestionada por Compromís-, que anule la desautorización de la reforma de la Pérgola, que previamente autorizó la misma Consllería que tiene la dirección de Patrimonio en manos del PSOE, y en caso de no hacerlo, el Ayuntamiento acudiría a la vía judicial.

"Esta división es la muestra de que son un gobierno agotado, que no tiene una hoja de ruta para esta ciudad. Si no son capaces de organizarse entre 15, ¿cómo van a guiar el futuro de los 175.000 ciudadanos de Castellón?", ha manifestado.

Y ha preguntado si alguien del gobierno piensa asumir responsabilidades por la indemnización a la empresa que ya tenía adjudicada la obra. "Un gobierno dividido es un gobierno inservible a los castellonenses", ha reiterado Sales.

"Venimos recordándoles desde hace tiempo que tienen en un cajón sin aprobar el Plan Especial Ribalta-Tetuán. Y para más inri, "en el catálogo de protecciones C-A-23, actualmente tramitándose en el Plan General, especifica que «el fin último del edificio debe ser su eliminación, por ser un elemento impropio dentro del Conjunto Histórico. Es decir, quieren reformar un edificio al tiempo que quieren demolerlo".

Cabe recordar que la obra cuenta con hasta 5 informes desfavorables de órganos expertos en cultura y patrimonio, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la Universitat Jaume I, del Consell Valencià de Cultura, de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia y del Instituto Universitario de la Restauración de la Universidad Politécnica de València.

Fiestas

La concejala Popular María España ha lamentado que las alegaciones presentadas por su grupo a los nuevos Estatutos de Fiestas hayan sido desestimadas igual que las más de 170 alegaciones presentadas.

"Pedíamos despolitizar las fiestas, que se restituyera la Junta de Fiestas elegida democráticamente, y que estuvieran recogidas las aportaciones y declaraciones institucionales que fueron aprobadas en el IV Congreso Magdalenero", ha recordado. Sin embargo, a partir de ahora será el concejal del área quien decida sobre todos los aspectos materiales e inmateriales de una Romería que ya es Bien de Interés Cultural. "Una Romería que por ser BIC ya tiene su propio protocolo y no necesita de sus cambios ideológicos", explica España.

Y añade: "Los nuevos Estatutos de Fiestas no vienen avalados por la participación ciudadana, ni por el consenso. La pasada Magdalena les salvó la lluvia que tapó su desorganización, su improvisación, su nefasta gestión y la pésima imagen que dieron, fue la prueba de que su modelo no funciona. Y para más inri, el gobierno multa a quienes le salvaron la Magdalena, a las Gaiatas, con sanciones por anclajes de las carpas de hasta 700 euros".

"Hoy era el momento de que la alcaldesa Amparo Marco les pidiera perdón, de recuperar la autonomía de las fiestas, de recuperar la libertad y volver a dar el apoyo al món de la festa. No son unos estatutos democráticos porque no les gusta la participación ciudadana. Desde que la alcaldesa llegó, ni ventanilla única, ni interlocutor con los festeros, solo falta de diálogo y de consenso, una Junta de Fiestas a dedo, una Asamblea sin poder de decisión y un Consejo Rector sin representación de festeros", concluye.

Modificación de Crédito

El concejal Popular Juan Carlos Redondo ha afeado al gobierno que la segunda modificación de crédito que presentan por 6,5 millones de euros sea, en una parte, para seguir reformando despachos. "Son 14.570 euros que se suman a los 568.000 euros que llevan gastados ya en acondicionarse sus despachos cuando sindicatos de Policía denuncian graves deficiencias en sus instalaciones de Tetuán XIV, donde los armeros siguen sin vigilancia", ha explicado.

"No hay dinero para la carrera profesional de los funcionarios, pero sí para otras partidas que son para el gobierno absolutamente necesarias, como 60.000 euros para la adquisición de obras de arte; 40.000 euros para la esterilización de gatos o 15.000 euros para el proyecto 'Castelló Conviu' que entre las recomendaciones cita: «tomar el fresco en la plaza es convivir». El gobierno se lo ha debido de tomar al pie de la letra a tenor de su bajísima ecución presupuestaria, solo el 14% del presupuesto ejecutado en lo que va de año.

Es decir, solo han pagado las nóminas y gastos comprometidos a las empresas, aunque tengan los contratos caducados. Y peor dato en las inversiones, solo han ejecutado el 4% de esta partida presupuestaria. Han primado la propaganda sobre la gestión", añade.

Facturas en el cajón

El gobierno vuelve a traer para su aprobación facturas irregulares en el cajón por valor de 2 millones de euros. En una primera tanda, tres expedientes con informe desfavorable de la Intervención.

"Han convertido un proceso extraordinario en algo habitual por su incapacidad para renovar contratos caducados. Traen facturas que se van a pagar de forma irregular, algunas pendientes desde hace más de 5 años, por ejemplo las que adeudan al servicio de recaudación. Deben 600.000 euros de este año y 400.000 euros del pasado, además de tener el contrato caducado desde 2017", ha dicho el edil del PP, Juan Carlos Redondo.

"Y lo que clama el cielo, el año pasado en el mes de agosto se tuvo que convocar un pleno extraordinario para pagar a la empresa que presta el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)

porque llevaba más de 8 meses sin cobrar. Desde entonces, se les ha pagado 0 euros a pesar de que sigue prestándose el servicio. Ése es el respeto por el bienestar que tiene el equipo de gobierno, hoy traen facturas irregulares para pagar 540.000 euros del año pasado a esta empresa y otros 300.000 euros todavía están pendientes. Y también está caducado el contrato de vestuario para el área de Seguridad, 24.000 euros se les debe de este año y 50.000 del año pasado", añade Redondo.

En otros 5 expedientes de facturas en el cajón, por valor de 4 millones de euros -también todos con informe desfavorable de la Intervención-, pasan facturas pendientes de pago de 2021 tan llamativas como 1,8 millones que adeudan a la empresa de suministro de electricidad.

"El PP denuncia la mala gestión del gobierno pero nunca se va a oponer a que las empresas cobren, lo ideal sería con la misma asiduidad con la que el gobierno sí cobra sus nóminas", concluye.