Carrasco: "Este Plan nace de espaldas a los ciudadanos, desatendiendo al 98% de las propuestas ciudadanas y no atiende al sentir general de la ciudad, no soluciona problemas y la prueba es que la reducción drástica de un 70% de suelo industrial"

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El Grupo Municipal Popular ha votado en contra del Plan General Estructural porque no quiere ser cómplice de un modelo urbanístico que "hipoteca el futuro de los castellonenses, que nace sin consenso, no aporta soluciones a los problemas y no atiende al sentir general de la ciudad".

Así se ha pronunciado la portavoz de los Populares, Begoña Carrasco, en el Pleno extraordinario celebrado hoy. Además, le ha afeado a la alcaldesa Amparo Marco que haya vuelto a colar un asunto de gran envergadura como es el Plan General por la puerta de atrás, en fechas intempestivas en las que la ciudadanía no está tan pendiente, como hizo con la aprobación inicial del documento, a 15 días de las elecciones municipales; volvió a hacer con la exposición pública en Navidad o con la aprobación del plan pormenorizado en julio, teniendo en cuenta además que se está ante la tercera prórroga de las normas urbanísticas subsidiarias hasta el 30 de abril de 2022.

"Marco va aprobar un Plan General que hará que Castellón pierda oportunidades y lo sabe desde el momento en que antes de aprobarlo ya está pensando en modificarlo, alegando 'a posteriori' contra el Plan de Acción Territorial de la Generalitat que acató sin rechistar y que trae un recortazo de suelo industrial en el Grao. Una vez aprobado no habrá marcha atrás, supondrá más incertidumbre para la Marjalería, con condiciones inasumibles para legalizar las viviendas; más problemas para zonas o barrios como Crémor, además de no garantizar infraestructuras y servicios básicos. Su error ha sido ningunear la participación ciudadana, aplastando con su rodillo las peticiones de particulares, vecinos, empresas, organismos como la CEV o la Cámara de Comercio e incluso de partidos políticos como el PP"

Carrasco ha querido dejar claro que en Castellón es urgente la aprobación de un Plan General "pero no a cualquier precio". "El Plan General Estructural que trae el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos nace de espaldas a los ciudadanos, ningunea la participación ciudadana desestimando prácticamente la totalidad de las 200 enmiendas presentadas, solo en esta parte, siendo aceptadas únicamente cuatro, lo que significa desatender el 98% de las propuestas ciudadanas. Y lo más grave de todo es que no tiene en cuenta las necesidades de suelo que requiere una ciudad como Castellón para ganarle la partida al futuro. Supone la reducción drástica de un 70% de suelo industrial poniendo en riesgo la estación Intermodal en el Puerto y tampoco deja espacio para albergar empresas que generen empleo y riqueza en una ciudad con 16.000 parados. En comparación con Sagunto, éste tiene cuatro veces más suelo industrial del que contempla este Plan General para Castellón. Tampoco soluciona el problema en la Marjalería, ni garantiza infraestructuras y servicios básicos que nos hagan competitivos", señala.

En este sentido, la portavoz de los Populares alerta de la incoherencia que supone que "la alcaldesa Amparo Marco vaya a aprobar un Plan General que hará que Castellón pierda oportunidades sabiéndolo. Y lo sabe desde el momento en que antes de aprobarlo ya está pensando en modificarlo, alegando 'a posteriori' contra el Plan de Acción Territorial (PAT) de la Generalitat que acató sin rechistar, callando en lugar de defender los intereses de los castellonenses cuando pudo hacerlo, ya que el PAT trae consigo un recortazo de suelo industrial en el Grao".

"Y tan incoherente como irresponsable es el actual presidente de la Autoridad Portuaria, el socialista Rafa Simó, quien siendo concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón ha sido el padre de este Plan General Estructural que ahora no le satisface. Ahora reconoce y denuncia que necesita más suelo porque no cabe la estación Intermodal, cuando estuvo en su mano cambiarlo", remarca Carrasco.

Pero es que, además, "que este no es el Plan General que necesitan los castellonenses no solo lo dicen los vecinos, los colegios profesionales o empresarios sino el propio concejal de urbanismo, el socialista Jose Luis López uniéndose a las peticiones del tejido empresarial para reivindicar más suelo industrial, porque reconoció públicamente el déficit de suelo industrial en zonas como el polígono del Serrallo, y así lo recogió la prensa. Una vez más, a los castellonenses les dice una cosa, y por otro lado hace otra", añade.

Una vez aprobado no habrá marcha atrás. Carrasco alerta de que "supondrá más incertidumbre para la Marjalería, a cuyos vecinos la alcaldesa Amparo Marco les prometió legalizar todas las viviendas cuando ni siquiera han sido capaces de asegurarles por escrito que el Plan General no derribará sus casas, tal y como pedían los vecinos. De ahí que ellos solicitaron no derogar el vigente plan especial de la Marjalería sin aprobar otro nuevo. Lo que se va a hacer es activar allí una auténtica bomba de relojería, porque para poder legalizar las viviendas, los propietarios van a tener que edificarlas por encima de la cota de inundabilidad del terreno. La resolución de los problemas de eliminación de los vertidos son tan complejos, tal y como están planteados, que los hacen prácticamente inasumibles en el corto plazo de tiempo que fija el documento".

Por otro lado, la líder de los Populares en la ciudad de Castellón alerta de las restricciones que este Plan General va acarrear para la zona de costa, además de no garantizar infraestructuras y servicios básicos o el derribo que va a suponer para barrios históricos de larga tradición en la ciudad como los masets de Crèmor, o el abandono y la condena a la ilegalidad a la que van a someter a los vecinos de urbanizaciones de montaña o barrios periféricos. "Todos ellos castellonenses a quienes el gobierno municipal de izquierdas va a condenar a ser ciudadanos de segunda", asegura.

Carrasco insiste: "El error de este gobierno de PSOE, Compromís y Podemos ha sido ningunear la participación ciudadana, aplastando con su rodillo las peticiones de 13 asociaciones vecinales, 57 empresas, 127 vecinos, a título particular o colectivo; 2 organismos, como la CEV o la Cámara de Comercio e incluso de partidos políticos como el Partido Popular que ha alegado siempre que se ha tenido ocasión. Por eso cuando el Partido Popular gobierno se compromete a modificarlo atendiendo a la ciudadanía".