Carrasco: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados como hace el gobierno municipal, incrementaremos la plantillas de la Policía Local para que haya más agentes a pie de calle"

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La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, anuncia que combatir la 'okupación' ilegal de viviendas será una de sus prioridades en el gobierno. "Hay medidas aplicables desde el ámbito municipal, es decir, desde el Ayuntamiento que no se están tomando", insiste.

La delincuencia, en general, subió en 2021 incrementándose los delitos casi un 30% en la ciudad de Castellón y en 2022 volvió a dispararse otro 16% según el Ministerio del Interior, siendo las 'okupaciones' ilegales de vivienda una de las principales preocupaciones entre los castellonenses.

La portavoz Popular, junto al concejal del PP Juan Carlos Redondo y la senadora del PP por Castellón Salomé Pradas, ha mantenido una reunión con vecinos afectados del PAI Lledó donde llevan desde el mes de mayo sufriendo este problema sin que nadie les dé soluciones. Se ha constatado la existencia de mafias organizadas que acaban ocupando viviendas ilegalmente y enganchándose a los suministros de luz y agua que pagan las comunidades de vecinos.

"Nunca un delito puede producir un derecho, así lo hemos trasladado a los vecinos del PAI Lledó con quienes nos hemos reunido esta misma semana. Es un problema que hay que atajar con máxima contundencia entre todas las administraciones, como venimos proponiendo desde el PP, empezando por el Ayuntamiento y acabando en la reforma del Código Penal para recuperar viviendas en 24 horas"

"Sabemos que es un problema que preocupa a los castellonenses, hay denuncias de 'okupas' en el Raval Universitari, en la calle Marqués de Salamanca, en la calle Dean Martí y calle Borriol, entre otras, es un problema que no solo afecta a los propietarios que la sufren, sino a todo el barrio. Tal y como nos han trasladado, a raíz de la 'okupación' se han producido robos, vandalismo y delincuencia que disparan la inseguridad ciudadana", señala.

"Nunca un delito puede producir un derecho, así lo hemos trasladado a los vecinos del PAI Lledó, junto a nuestro compromiso de no aparcar el problema cuando gobernemos en la ciudad. Hay que combatir la 'okupación' con contundencia, yendo de la mano todas las administraciones, empezando por el Ayuntamiento y acabando en la reforma del Código Penal para recuperar viviendas en 24 horas", explica Carrasco.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados como hace el gobierno municipal, incrementaremos la plantillas de la Policía Local para que haya más agentes a pie de calle; desde la oficina de la vivienda se podría informar también de los trámites jurídicos a los afectados y hay más medidas, como por ejemplo, impedir a los 'okupas' empadronarse en viviendas que no son de su propiedad. La 'okupación' lleva aparejada una serie de problemas que afectan a todo el barrio, como robos, vandalismo y delincuencia que disparan la inseguridad ciudadana"

Y añade: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados, como hace el gobierno municipal, incrementaremos la plantillas de la Policía Local y pediremos que también se amplíen las de la Policía Nacional para que haya más agentes a pie de calle; desde la oficina de la vivienda se podría informar también de los trámites jurídicos a los afectados; hay más medidas que se pueden adoptar desde el ámbito municipal, como por ejemplo, impedir a los 'okupas' empadronarse en viviendas que no son de su propiedad". 

A nivel nacional, el Partido Popular tiene propuestas para atajarla, "porque la 'okupación' merece un trato prioritario". Éstas pasan por: desalojar a los 'okupas' en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento; el desalojo inmediato en caso de flagrante delito; reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel; mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias; considerar nula la inscripción de un 'okupa' ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble 'okupado' tenga la consideración de morada o domicilio; legitimar a las comunidades de propietarios para que puedan denunciar o reforzar los recursos a disposición de las Fuerzas de Seguridad y Tribunales.