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Toledo pide a Amparo Marco que "explique" el precio que van a pagar por un PGOU que solo busca el titular y lastra el futuro de la ciudad de Castellón"

"No solo amplifica el problema en la Marjaleria, que para legalizar viviendas tendrían que estar por encima de la cota de inundabilidad e instalar depuradoras, sino que además modifica las altura de edificación en más de un centenar de calles"

Gabinete de prensa del GMP Ayto. CS | 17-12-2020

Toledo: "Si son tan claros y tan transparentes como presumen, expliquen a los propietarios y vecinos que residen en los sectores Senillar, Litoral, Mestrets o Borriolench que estas zonas no se pueden desarrollar urbanísticamente"

Toledo: "Si son tan claros y tan transparentes como presumen, expliquen a los propietarios y vecinos que residen en los sectores Senillar, Litoral, Mestrets o Borriolench que estas zonas no se pueden desarrollar urbanísticamente"

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El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha pedido a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que "explique a los castellonenses "el precio que van a pagar por un Plan General que solo tiene en cuenta los intereses políticos de PSOE, Compromís y Podemos" y que "va a hipotecar y lastrar el futuro de los castellonenses para los próximos diez o vente años".

Toledo, que ha ratificado la oposición del PP al Plan de Ordenación Pormenorizada de Castellón aprobado hoy por el equipo de gobierno, ha explicado que el documento "no solo amplifica el problema de los vecinos de la Marjaleria, que para legalizar sus viviendas tendrían que estar por encima de la cota de inundabilidad e instalar depuradoras, sino que además modifica las alturas de edificación en más de un centenar de calles y, mientras Parc Sagunt I tenía 3 millones de metros cuadrados y se ocuparon enseguida y ahora están construyendo Parc Sagunt II, con 6 millones de metros cuadrados, aquí proponen un Plan General que pierde cerca de un millón de metros cuadrados industriales más de los que ya se perdían en la propuesta anterior, lo que pone en riesgo el futuro económico y el crecimiento de la ciudad, renunciando a que Castellón sea más capital, más referente y ofrezca más progreso y más futuro".

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha recordado que el Plan General aprobado por el pleno "no solo amplifica el problema de los vecinos de la Marjaleria, que para legalizar sus viviendas tendrían que estar por encima de la cota de inundabilidad e instalar depuradoras, sino que además modifica las alturas de edificación en más de un centenar de calles y recorta en casi un millón de metros cuadrados el suelo industrial, lo que pone en riesgo el futuro económico y el crecimiento de la ciudad, renunciando a que Castellón sea más capital, más referente y ofrezca más progreso y más futuro".

"Si son tan claros y tan transparentes como presumen, expliquen a los propietarios y vecinos que residen en los sectores Senillar, Litoral, Mestrets o Borriolench que estas zonas no se pueden desarrollar urbanísticamente porque el nuevo Plan no lo considera ambientalmente viable", ha detallado Toledo, que también ha invitado a Marco a que "diga a los constructores y promotores urbanísticos que tienen diez años para cumplir los requisitos que establece la Declaración Ambiental Estratégica Territorial (DATE) o, de lo contrario, el Ayuntamiento de Castellón no va a poder promover modificaciones del Plan General Estructural en todo el término municipal, con todo lo que ello implica".

Al respecto, ha indicado que "desde el Grupo Municipal Popular sí queremos un Plan General, pero no a cualquier precio, con casi 500 alegaciones presentadas al Plan General Estructural y casi otras 400 alegaciones al Plan General Pormenorizado, estas últimas directamente sin contestar" y, en ese sentido, ha remarcado que "con su propuesta, que no es la de las castellonenses, el equipo de gobierno ha asumido directamente y sin rechistar los 20 puntos que la Generalitat Valenciana le ha marcado en la DATE". "Fíjense si creen poco en este plan, que incluso ustedes, antes incluso de que entre en vigor, están pensando en presentar alegaciones al Plan de Acción Territorial, por lo que sean claros y reconozcan si tiene tantas bondades como las que nos venden", ha remarcado.

Expedientes REC

Por su parte, el concejal responsable de Asuntos Económicos del PP, Juan Carlos Redondo, ha lamentado la aprobación de seis nuevos expedientes de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito (REC) por valor de 3,8 millones de euros. Una cantidad que, según ha indicado, "sumada al resto de expedientes, nos da este año una cifra de 11,6 millones de euros pagados a dedo, un 120% más que en el año 2019".

A modo de ejemplo, el edil Popular ha indicado que "en diciembre de 2020 estamos pagando una factura de casi 5.000 euros de promoción del mercado medieval de diciembre de 2019, 85.000 euros del servicio de socorrismo de playas, que ya nos dirán que tiene de extraordinario que cada verano se preste este servicio en la costa, o hasta 300.000 euros en la reforma del edificio de las cuatro esquinas y la planta baja del ayuntamiento, que han llevado a cabo sin expediente de contratación". En ese sentido, ha añadido que "lo que nos parece más grave es que, según el informe de fiscalización, incumplen la Ley de Subvenciones y su reglamento y abonan mediante REC 12.100 euros para la promoción de un eco-rallie"

"El resumen de la gestión económica del equipo de gobierno en 2020 refleja unos presupuestos aprobados en el mes de agosto un porcentaje de ejecución en inversiones en torno al 9% y el hecho de que ningún contrato de servicios de los caducados haya finalizado su licitación", ha valorado Redondo, que ha detallado que "el número de facturas pagadas irregularmente desde 2016 deja 116 expedientes y casi 2.700 facturas de las que más del 98% han sido informadas desfavorablemente por este ayuntamiento".

Bono transporte

En otro orden de cosas, durante el apartado de 'Ruegos y preguntas' la concejala Popular María España también ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco que, "aclare" si entre las 300 personas que han resultado beneficiarias de un bono gratuito para el autobús urbano y el TRAM, dentro de la iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Juventud para fomentar el uso del transporte público se encuentra el propio edil del área, Jorge Ribes. "Nos parecería reprobable que, habiéndose quedado fuera 158 jóvenes, un concejal se apunte a su propia campaña y active el bono cuando tiene un salario de 62.843 euros, por lo que podría pagarse de su bolsillo 92.416 viajes", ha valorado España, que ha pedido a Marco que "solicite a Ribes que devuelva el bono para lo pueda usar uno de los 158 jóvenes que no han podido optar a esta tarjeta".

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