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Toledo denuncia el uso de “información privilegiada” del PSOE en la comisión de investigación de la sala de emergencias de la Policía Local

Critica que el PSOE haya presentado un informe de agosto del 2015 que no ha sido solicitado por el cauce convencional, mientras siguen sin aportarse los documentos adicionales que se demandaron hace ya 15 días y no hay fecha oficial de entrega.

Gabinete de prensa del GMP Ayto. CS | 31-01-2020

Toledo: "Han pasado 15 días y, al contrario de lo que ocurre con el PSOE, todavía no se nos ha facilitado la información."

Toledo: "Han pasado 15 días y, al contrario de lo que ocurre con el PSOE, todavía no se nos ha facilitado la información."

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“El PSOE, como miembro del órgano de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón, presuntamente tiene información privilegiada. Hoy ha quedado bien claro durante la celebración de la sesión de la comisión de investigación no permanente sobre la contratación de la sala de emergencia de la Policía Local de la capital, puesto que, en el transcurso de la misma, y sin haberla solicitado formalmente a través de la presidencia ni la secretaría de la comisión, ha aportado un informe de agosto del 2015. Por el contrario, a pesar de que hace ya 15 días de la petición, al Grupo Municipal Popular, y por extensión al resto de los grupos, no se nos ha facilitado la información que formalmente solicitamos, y que tiene que ver con la contratación de una empresa externa para la redacción de los pliegos técnicos de la sala. Es evidente que desde el equipo de gobierno se está torpedeando el trabajo de la oposición, para que no podamos llegar a conocer el fondo de los hechos”.

Así se ha pronunciado Sergio Toledo, concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón y miembro de la comisión de investigación no permanente que ahora está activa en el consistorio con el fin de analizar las contrataciones y los problemas de funcionamiento de la sala de emergencia de la Policía Local, tras la sesión celebrada hoy, en la que también ha participado el concejal Popular Juan Carlos Redondo.

El edil Popular ha reclamado que se mantenga la periodicidad de las reuniones cada 15 días, después de que, de manera unilateral y sin posibilidad de voto, se haya impuesto que la próxima sesión será el 21 de febrero. “Vamos a leernos el nuevo expediente, para sacar conclusiones y ver si nos falta documentación, y seguiremos trabajando, para fiscalizar la gestión del equipo de gobierno”, ha indicado.

“He preguntado abiertamente si el informe que el concejal José Luis López, del PSOE, aportaba en la comisión para su incorporación en el acta, se presentaba desde el Gobierno o desde el PSOE. Después de dudar unos segundos, ha terminado diciendo que desde el PSOE. Pero es evidente que el PSOE, como partido y solo por sí mismo, no tiene acceso a ese documento. Si lo tiene es porque este partido ostenta las competencias en materia de Seguridad, de manera que ha hecho uso de su función pública para obtener una información que después está utilizando políticamente para desviar la atención del trabajo de la comisión, y que no puede ser otro que llegar al fondo de la verdad, el destino de los 1,7 millones de euros que ha costado una infraestructura que no funciona. Como mínimo, deberían haber tenido la decencia de guardar las formas y haberlas solicitado por los cauces establecidos, en igualdad de condiciones que el resto de los grupos políticos del Ayuntamiento. Nuevamente falta de transparencia y abuso de poder, como en todo lo que hace el PSOE”, ha subrayado Toledo.

En este sentido, el concejal Popular ha lamentado que “hayan pasado 15 días y, al contrario de lo que ocurre con el PSOE, todavía no se nos ha facilitado la información. Ni tampoco hay un plazo definido sobre cuándo se nos facilitará, a pesar de ser esencial para nuestra fiscalización del proceso de contratación de una sala que ha sido un fiasco, porque no funciona en los términos anunciados. Ya puestos, de la misma manera que los socialistas han sacado del archivo de la Policía Local el documento que han presentado a la comisión, podrían haberse desplazados unos centímetros más en las estanterías de los archivos de este ente, y haber cogido el expediente que estamos solicitando que se nos entregue, y que, por un cúmulo de causalidades, se ve que es más difícil de fotocopiar y distribuir”, ha ironizado.

Así, Sergio Toledo ha recordado que a día de hoy el equipo de gobierno sigue sin aportar los documentos que justifiquen por qué se tuvo que externalizar los pliegos técnicos de la sala, así como la solicitud de tres ofertas como mínimo que se tuvieron que demandar, y por qué se eligió la empresa que finalmente terminó realizando el trabajo, en lugar de cualquier otra del sector. “Se trata de una información complementaria al informe de 3.000 folios que componen expediente 30916/2016 y que exigimos se nos entregue a la mayor brevedad”, insiste, quien pone el acento en la motivación técnica y jurídica que se siguió para encargar a dedo estos trabajos.

En este sentido, Juan Carlos Redondo ha recordado que la empresa a la que se contrató la redacción de los pliegos técnicos es una firma que desde el año 2005, fecha de su creación, no ha registrado ninguna actividad, no ha presentado sus cuentas, es una sociedad unipersonal y no presenta ninguna solvencia financiera, por lo que se desaconseja tener relación financiera con la misma”. “Sin embargo, se apostó por esta firma, que tiene ubicada su sede social, curiosamente de nuevo, en el mismo pueblo de la Comunidad de Madrid que la empresa que posteriormente terminó adjudicándose los cuatro lotes del contrato, a solo 800 metros de distancia la una de la otra”, ha remarcado.

El concejal del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, al término de la sesión de la comisión de investigación, ha dejado claro que “mi partido no cuestiona en ningún momento la necesidad de que se tuviese que renovar la sala de emergencia. Aquí lo que se está analizando es cómo se tramitó esa sala, es decir, el procedimiento administrativo, y sobre todo el correcto uso de los fondos destinados a tal fin, porque está claro que hay algo que se ha hecho mal, cuando el sistema deja de funcionar periódicamente”.

Asimismo, el Partido Popular ya ha anunciado que va a ponerse a trabajar “de manera inmediata” en el análisis de la documentación que ha sido aportada referente al segundo expediente solicitado, el de la compra de chalecos para la Policía Local, compuesta por unos 800 folios. En total son 7 los expedientes que se han solicitado, independientemente de que la solicitud de la documentación se vaya ampliando, a medida que se requieran nuevos datos.

Por último, Sergio Toledo ha pedido que constara en acta la negativa del presidente de la comisión a permitir que se votase la fecha de la próxima sesión de trabajo de la comisión de investigación. “Se acordó que la periodicidad sería cada 15 días, pero hoy se nos ha impuesto directamente, y sin posibilidad de votar, para que todos los miembros de la comisión se pronunciase, el 21 de febrero, una confirmación más de que la estrategia del equipo de gobierno, con el beneplácito de la presidencia de la comisión, está siendo la de dilatar el proceso”, ha denunciado.

“Nos están mezclando la entrega de la documentación con varios expedientes. Deben pensar, como dice una frase hecha, que ‘A río revuelto, ganancia de pescadores’. Pero eso no va a pasar. Vamos a leernos el nuevo expediente, para sacar conclusiones y ver si nos falta documentación, y seguiremos trabajando, para fiscalizar la gestión del equipo de gobierno”, ha indicado.

PRESUNTO FRAUDE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Hay que recordar que, además de las cuestiones comentadas anteriormente, los Populares de la ciudad de Castellón han puesto de manifiesto la existencia de “un presunto fraude” en el resultado de los trabajos de ejecución de la sala de la Policía Local de la capital de la Plana. “No solo porque la sala no funciona como debería, ya que constantemente sufre averías y obliga a los policías locales a comunicarse a través de whatsapp, sino porque no se han cumplido ni las indicaciones establecidas en el propio informe de necesidad que motivó la ejecución de la sala. Es decir, se han recibido unos trabajos que no han cumplido los objetivos fijados”, ha indicado Toledo.

Y es que el citado informe de necesidad habla de objetivos como la unificación en un solo recinto de las tres salas de control de la Policía Local, Bomberos y del Centro de Coordinación de Tráfico que existían en la ciudad de Castellón en el año 2016. El segundo objetivo era la interconexión de las cámaras de videovigilancia de la ciudad de las distintas salas en una sola, así como la interacción de las mismas desde un solo punto. Y derivado de los tres primeros, garantizar la existencia de personal suficiente para atender el servicio por personal durante las 24 horas los 365 días del año. “A día de hoy, sigue habiendo más de una sala, no están conectadas entre sí ni desde el recinto de Tetuán XIV se puede controlar, por ejemplo, las cámaras de la sala de Tráfico, y por tanto, tampoco se ha cumplido el objetivo de racionalizar la necesidad de dotar de personal los centros de control, puesto que sigue habiendo más de uno”, subraya.

“Un millón y medio de euros es mucho dinero, y los castellonenses tienen derecho a saber en qué se ha gastado cada uno de los euros y de los céntimos de un proyecto que ahora mismo no está prestando servicio y que ni siquiera cumple con los objetivos con los que fue concebido. Esto se llama fraude y malversación de caudales públicos, y alguien tendrá que explicarlo”, ha apuntado el concejal Popular.

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN

Hay que recordar que la documentación que ha facilitado el equipo de gobierno tiene que ver con el expediente 30916/2016 relativo a los contratos de suministro y equipamiento integral de la sala del centro de atención de emergencias y de la plataforma informática integral multiagencia. Este es uno de los expedientes que se está analizando en la comisión no permanente de investigación que el Partido Popular solicitó crear y fue aprobada el pasado 18 de septiembre de 2019, con carácter extraordinario, para analizar una serie de contratos y gestiones del área de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, y que abarcan por el momento un total de 7 expedientes, de los que hoy también se ha entregado el 35516/2017, de adquisición de chalecos antibala para los agentes del cuerpo de la Policía Local.

El objetivo es, desde el rigor y la seriedad, conocer el uso de 1,6 millones de euros de inversión de fondos del Ayuntamiento de Castellón solo en el caso de la sala de emergencia de la Policía Local, a los que se suman otros contratos menores y otros gastos del área, como los viajes al extranjero de los cargos políticos y mandos policiales.

El origen en la petición de la creación de una comisión no permanente de investigación extraordinaria son los casi 2 millones de euros que el gobierno municipal de Amparo Marco lleva gastados desde el año 2016 en la nueva sala de emergencias de la Policía Local de la ciudad de Castellón, ubicada en el recinto de Tetuán XIV, una inversión que presenta múltiples problemas de funcionamiento.

Asimismo, todo el proceso de licitación y contratación del proyecto ha estado salpicado de conflictos que han terminado en los tribunales. El último conocido fue una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, “por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala”, añade Sales, “y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones”. Precisamente, en este sentido, en la Junta de Gobierno Local del pasado 31 de octubre, el tripartito acordaba el desistimiento de dicho contrato, precisamente para acatar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

A esto se unen otras cuestiones también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. También queremos saber el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación.

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