Redondo: "El tripartito ya acumula facturas pagadas en contra del criterio del interventor por valor de más de 40 millones de euros."

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"El tripartito habla de transparencia y ayer salió a la luz la existencia de contratos caducados desde el año 2016 y cuyas facturas siguen pagando a dedo sin ninguna justificación ". Así se ha pronunciado el concejal del Grupo Municipal Popular, Juan Carlos Redondo, quien afirma que "a pesar de las reiteradas excusas durante los últimos 5 años,  sus propios números la dejan en evidencia, puesto que desde que gobierna se han pagado ya más de 40 millones de euros de manera irregular", critica.

El Grupo Municipal Popular califica, precisamente, de "inaudito" que, en la reunión, Amparo Marco admita su mala gestión, con "hasta 10 contratos vencidos, que se siguen pagando de manera irregular, mientras que otros ocho vencen este mismo año 2020, y todavía no se han sacado los pliegos a licitación. Aquí no caben medias tintas. Basta con llevar un control de lo que caduca y trabajar con previsión. Todo lo contrario, ocurre por negligencia, dejadez y falta de ganas de trabajar del PSPV, Compromís y Unidas Podemos en sus respectivas áreas", indica.

Los datos aportados por el equipo de Gobierno en la reunión, ya los conocíamos porque se encuentran colgados en la plataforma de contrataciones del sector público y de hecho ya hicimos referencia a alguno de a ellos en el último pleno, lo que realmente echamos en falta fue que se hablara sobre las  medidas que va a tomar el tripartito para revertir esta situación que se alarga ya 5 años.

Según un informe municipal abordado ayer durante la reunión de trabajo, "el Ayuntamiento de Castellón tiene un contrato caducado desde el 25 de octubre de 2016, que es cuando venció el contrato del servicio de instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad de robo y cámaras y conexión a la sala de emergencias de la Policía Local de los centros dependientes del Ayuntamiento, y sin embargo, sigue pagándose fuera de contrato, contraviniendo la normativa legal en materia de contratación pública", señala.

Pero no es el único. En mayo de 2017 caducó el contrato del servicio de colaboración en materia de gestión y recaudación de ingresos de derecho público, en febrero de 2018 el de transporte de materiales relativos a actuaciones municipales y limpieza de encauzamientos, en octubre de 2018 el de mantenimiento de instalaciones de fibra óptica y también el de repavimentación de calzadas de vías públicas; en julio de 2019 el de retirada de vehículos de la vía pública, en septiembre el de eliminación de pilas usadas... "Es una suma y sigue sin parar. Porque cuando se saca un pliego técnico a licitar y se adjudica, ya se conoce el periodo legal en el que vencen. Sin embargo, el equipo de gobierno del Acord de Fadrell no lo previene. Hablan de transparencia en la gestión, pero son los que pagan a dedo, seguramente porque así pueden seguir haciendo política con el dinero de todos los castellonenses", critica.

Hay que recordar que, en el último consejo del Patronato Municipal de Turismo, el ayuntamiento coló otra remesa de facturas irregulares, cuyo contenido ni siquiera facilitó a la oposición, una tendencia que va a más, como quedó manifiesto en el último pleno, celebrado el 19 de diciembre de 2019, cuando se aprobó el pago de facturas irregulares por valor de 14,2 millones de euros, lo que suponía un 280% más que en el año 2016. "Desde el 2016 el equipo de gobierno del PSPV, Compromís y Podemos han pagado 40,5 millones de euros en facturas irregulares, el 99% de ellas con informes de reparo por parte del órgano de Intervención, una tendencia que, lejos de diminuir, va a más ejercicio tras ejercicio", indica.

Asimismo, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón critica la "falacia" que supone comparar los datos del año 2019 con los del ejercicio 2012. Aquel año, el equipo de gobierno estaba gestionando la peor crisis económica de la historia, precisamente multiplicada en el caso de España por la pésima gestión económica del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el importe de las facturas pagas excepcionalmente, se incrementó gracias al Plan de Pago a Proveedores, que sirvió para sanear más del 90% de los Ayuntamiento de España, incluido Castellón", declara.

"El problema es que socialistas, nacionalistas y asamblearios todavía no se creen que gobiernan la ciudad. Pero llevan cuatro años haciéndolo. Es hora de que se dejen de mochilas y de herencias, porque todo lo que ocurre en Castellón es consecuencia de sus actos y de sus decisiones, o de la falta de los mismos", apunta.

En este sentido, Juan Carlos Redondo recuerda que este equipo de Gobierno está incumpliendo al menos dos artículos de la ley de contratos del sector público: "El artículo 1, porque están impidiendo a otras empresas que puedan acceder libremente a las licitaciones; y el artículo 29, que establece una prórroga tácita para contratos ya vencidos de 9 meses como máximo. El Acord de Fadrell vuelve a caminar por la línea de la ilegalidad. ¿Qué explicación es van a dar a todas esas empresas que llevan más de dos años esperando que se liciten los nuevos contratos, que se publiquen los pliegos de condiciones para poder trabajar con este ayuntamiento y que están viendo como otras empresas de la competencia siguen cobrando millones de euros sin ninguna base legal? Ni saben ni quieren, en cinco años la situación ha empeorado gravemente", concluye.