El edil popular recuerda que el mes pasado el juzgado dio un toque de atención al bipartito paralizando el derribo de la Cruz del Ribalta, que costará 80.000 euros a los castellonenses.

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Para el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Juanjo Pérez Macián, el fallo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo -que anula la decisión adoptada por el gobierno de PSOE y Compromís, referente a la eliminación de las bases aprobadas por unanimidad en 2015 para la provisión de la plaza de director de la banda de música, imponiendo en 2017 unas nuevas bases, sin el apoyo de los grupos políticos ni de los sindicatos-, “tiene ahora consecuencias graves que desde el Grupo Municipal Popular ya anticipamos, pero ha tenido que ser la justicia, una vez más, la que frene el autoritarismo del gobierno municipal de Amparo Marco”, señala Macián. 

Y añade: “La anulación del proceso administrativo con el que se nombró al actual director de la Banda Municipal, Marcel Ortega, lleva al gobierno municipal de PSOE y Compromís a tener que dar explicaciones a la ciudadanía y al propio Ortega, cuyo futuro laboral está en aire. Y es que esta es la segunda vez, en menos de un mes, que la Justicia apercibe al gobierno de PSOE y Compromís por su actitud déspota. Por otro lado, tendrán que resarcir el daño causado al que fuera director en funciones de la banda de música, hoy por baja médica, cuya persecución llevó a quitárselo de en medio coartando sus lícitas aspiraciones profesionales”.

El edil popular recuerda que el mes pasado el juzgado dio un toque de atención al bipartito paralizando el derribo de la Cruz del Ribalta, que costará 80.000 euros a los castellonenses, y ahora vuelve a hacerlo considerando legítima la convocatoria de las bases para cubrir la plaza de director de la banda municipal de música -mediante un concurso oposición de promoción interna-, que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de junio de 2015. “La jueza declara contrarias a derecho las bases que el gobierno de Marco y Compromís impuso de manera sectaria y en contra del criterio de los grupos políticos y sindicatos”, matiza.

“PSOE y Compromís siguen sin entender que desde el gobierno no pueden suprimir a su antojo los acuerdos alcanzados por unanimidad y ha de ser un juzgado el que tenga que recordárselo constantemente”, concluye Macián.