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El PP reclama documentación adicional ante los indicios de "presunto fraude" en la adjudicación de contrato de la sala de emergencias de Castellón

Sales: "Son muchas las lagunas que estamos detectando solo a la vista del primer informe que hemos empezado a analizar, y muchas más son todavía las preguntas que nos surgen y que a día de hoy no tienen respuesta."

Gabinete de prensa del GMP Ayto. CS | 17-01-2020

Sales: "Resulta cuanto menos llamativo, que para un trabajo de esta envergadura, el gobierno de Amparo Marco apostara por una empresa que no ha registrado ninguna actividad ni ha depositado sus cuentas desde su constitución, en el año 2005."

Sales: "Resulta cuanto menos llamativo, que para un trabajo de esta envergadura, el gobierno de Amparo Marco apostara por una empresa que no ha registrado ninguna actividad ni ha depositado sus cuentas desde su constitución, en el año 2005."

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"Falta información". El concejal del Grupo Municipal Popular y miembro de la comisión plenaria no permanente de investigación con el objetivo de analizar los procesos de adjudicación de contratos y funcionamiento de la sala de emergencias de la Policía Local del Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, ha solicitado en la sesión celebrada hoy la aportación por parte del equipo de gobierno municipal de "documentación adicional" ante lo que considera "omisiones muy graves" de información, "no sabemos si voluntaria o involuntariamente", en el proceso de diseño y adjudicación de la citada infraestructura destinada a mejorar la seguridad de los castellonenses, "y que ha costado más de un millón y medio de euros a los castellonenses, pero que es un auténtico fiasco".

Sales, que es representante del PP en dicha comisión de investigación junto al concejal Sergio Toledo, han realizado la petición ante la presidencia, después de analizar los más de 3.000 folios que componen la documentación facilitada por el gobierno de Amparo Marco referente al citado expediente 30916/2016, tras lo que consideran que "podríamos estar ante un posible fraude y malversación de fondos públicos".

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón y miembro de la comisión plenaria no permanente de investigación Vicent Sales, denuncia "las omisiones graves" de información y exige al equipo de gobierno del PSOE, Compromís y Podemos que aporten informes no facilitados en relación al informe de necesidad de externalizar el pliego de condiciones de la sala y la elección y contratación de una mercantil concreta a pesar de no tener actividad de ningún tipo desde su constitución en el año 2005.

Concretamente, hemos reclamado el informe de necesidad de la externalización del contrato de la redacción del pliego de prescripciones técnicas. "Desconocemos cuál es el motivo por el cual se debe encargar a técnicos de fuera de la casa este expediente, y desde luego, este trámite, y por tanto la justificación legal, no está entre la documentación aportada. ¿No había técnicos en la casa para redactar una infraestructura tan importante como esta, al contrario de lo que ocurre con otros proyectos de envergadura similar o mayor? Queremos conocer los motivos", indica Sales.

Asimismo, los concejales del PP han reclamado al equipo de gobierno de Amparo Marco que también aporten a los miembros de la comisión de investigación "copia de la relación de las otras ofertas económicas, al menos dos, recibidas en este Ayuntamiento para la realización de los citados trabajos de redacción del pliego de prescripciones técnicas, recibidas previamente a la adjudicación del encargo a la mercantil que finalmente asumió la tarea. Este fue uno de los compromisos políticos adquiridos por el equipo de gobierno municipal del PSPV y Compromís en el inicio de la legislatura 2015-2019: solicitar al menos tres ofertas económicas en los contratos menores superiores a los 5.000 euros. Nada de esto nos ha sido facilitado", ha señalado Vicent Sales.

Y en relación a los dos puntos anteriores, una tercera petición de documentación: Copia del informe de solvencia técnica y económica que justifique la adjudicación a la mercantil que recibió el contrato a dedo y el encargo de redactar dicho pliego de prescripciones técnicas de la sala de la policía local de Castellón.

"Resulta cuanto menos llamativo, que para un trabajo de esta envergadura, el gobierno de Amparo Marco apostara por una empresa que no ha registrado ninguna actividad ni ha depositado sus cuentas desde su constitución, en el año 2005. ¿Qué criterios se siguieron para decantarse por esta empresa? ¿Qué experiencia tenía? Nos parece ya mucha casualidad, y desde luego sospechoso, que dicha empresa tenga su sede social en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el mismo pueblo que la empresa que terminó siendo la adjudicataria del contrato de ejecución de la sala, y por tanto, receptora de los primeros 900.000 euros de los trabajos, que luego se ampliaron en otros 600.000 euros más, para un centro de coordinación de emergencias que hoy sigue sin funcionar", subraya Sales.

OTRO PRESUNTO FRAUDE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En esta línea, los Populares de la ciudad de Castellón han puesto de manifiesto la existencia de "otro presunto fraude" en el resultado de los trabajos de ejecución de la sala de la Policía Local de la capital de la Plana. "No solo porque la sala no funciona como debería, ya que constantemente sufre averías y obliga a los policías locales a comunicarse a través de whatsapp, sino porque no se han cumplido ni las indicaciones establecidas en el propio informe de necesidad que motivó la ejecución de la sala. Es decir, se han recibido unos trabajos que no han cumplido los objetivos fijados", ha añadido Vicent Sales.

Esperamos que, llegado el momento, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien además es la jefa de la Policía Local como máxima autoridad en la ciudad, dé las pertinentes explicaciones", añade, ante un hecho objetivo como es que se han recepcionado unos trabajos valorados en 900.000 euros que no cumplen ni con los objetivos del informe de necesidad que motivaron la inversión en esta infraestructura fallida.

Y es que el citado informe de necesidad habla de objetivos como la unificación en un solo recinto de las tres salas de control de la Policía Local, Bomberos y del Centro de Coordinación de Tráfico que existían en la ciudad de Castellón en el año 2016. El segundo objetivo era la interconexión de las cámaras de videovigilancia de la ciudad de las distintas salas en una sola, así como la interacción de las mismas desde un solo punto. Y derivado de los tres primeros, garantizar la existencia de personal suficiente para atender el servicio por personal durante las 24 horas los 365 días del año. "A día de hoy, sigue habiendo más de una sala, no están conectadas entre sí ni desde el recinto de Tetuán XIV se puede controlar, por ejemplo, las cámaras de la sala de Tráfico, y por tanto, tampoco se ha cumplido el objetivo de racionalizar la necesidad de dotar de personal los centros de control, puesto que sigue habiendo más de uno", subraya.

"La comisión de investigación apenas acaba de echar a andar, pero ya vemos que son muchas las lagunas que estamos detectando solo a la vista del primer informe que hemos empezado a analizar, y muchas más son todavía las preguntas que nos surgen y que a día de hoy no tienen respuesta. Esperamos que, llegado el momento, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien además es la jefa de la Policía Local como máxima autoridad en la ciudad, dé las pertinentes explicaciones. Pero de eso ya habrá tiempo, porque todo apunta a que estamos todavía en la punta del iceberg, a la vista de otras cuestiones que ya estamos analizando y contrastando", añade el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón.

"Un millón y medio de euros es mucho dinero, y los castellonenses tienen derecho a saber en qué se ha gastado cada uno de los euros y de los céntimos de un proyecto que ahora mismo no está prestando servicio y que ni siquiera cumple con los objetivos con los que fue concebido. Esto se llama fraude y malversación de caudales públicos, y alguien tendrá que explicarlo", ha apuntado.

"El hecho de que ninguna de los tres altos cargos que en su día impulsaron la inversión de la sala de emergencias de la Policía Local de Castellón estén ahora mismo en activo en el consistorio no significa que no haya responsables, ni que tampoco vayamos a exigir responsabilidades políticas. Ya lo dijimos en la primera sesión de trabajo: la comisión no es una reunión de amigos, por lo que pedíamos seriedad y rigor. Así nos la hemos tomado desde el Partido Popular y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los castellonenses conozcan la verdad", ha añadido Vicent Sales.

Por último, en la sesión de hoy el Partido Popular también ha formalizado la petición del "informe de abstención del Jefe de la Policía Local de Castellón en la adjudicación de los trabajos de ejecución de la sala. Hemos solicitado copia del mismo o de lo contrario entendemos, y así hemos pedido que conste en acta, que ningún técnico consideró que existía causa de abstención alguna".

Tras realizar las cuatro peticiones adicionales de documentación, y habiendo aceptado el presidente de la comisión de investigación el requerimiento del Partido Popular, se ha suspendido la sesión de trabajo. "Desde luego, no podemos seguir con el análisis sin tener en nuestra posesión una información que entendemos crucial para comprender todo lo que ha ocurrido después, y que no es otra cosa que los castellonenses han pagado más de un millón y medio de euros en una sala de emergencias que no funciona y que no presta servicio", añade. La próxima sesión de trabajo está prevista para dentro de dos semanas, el próximo 31 de enero.

EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA COMISIÓN

Hay que recordar que la documentación que ha facilitado el equipo de gobierno tiene que ver con el expediente 30916/2016 relativo a los contratos de suministro y equipamiento integral de la sala del centro de atención de emergencias y de la plataforma informática integral multiagencia. Este es uno de los expedientes que se está analizando en la comisión no permanente de investigación que el Partido Popular solicitó crear y fue aprobada el pasado 18 de septiembre de 2019, con carácter extraordinario, para analizar una serie de contratos y gestiones del área de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, y que abarcan por el momento un total de 7 expedientes.

El objetivo es, desde el rigor y la seriedad, conocer el uso de 1,6 millones de euros de inversión de fondos del Ayuntamiento de Castellón solo en el caso de la sala de emergencia de la Policía Local, a los que se suman otros contratos menores y otros gastos del área, como los viajes al extranjero de los cargos políticos y mandos policiales.

El origen en la petición de la creación de una comisión no permanente de investigación extraordinaria son los casi 2 millones de euros que el gobierno municipal de Amparo Marco lleva gastados desde el año 2016 en la nueva sala de emergencias de la Policía Local de la ciudad de Castellón, ubicada en el recinto de Tetuán XIV, una inversión que presenta múltiples problemas de funcionamiento.

Asimismo, todo el proceso de licitación y contratación del proyecto ha estado salpicado de conflictos que han terminado en los tribunales. El último conocido fue una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, "por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala", añade Sales, "y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones". Precisamente, en este sentido, en la Junta de Gobierno Local del pasado 31 de octubre, el tripartito acordaba el desistimiento de dicho contrato, precisamente para acatar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

A esto se unen otras cuestiones también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. También queremos saber el número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación.

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