Carrasco critica la alianza del ‘Pacte del Frau’ para elaborar un mapa de la corrupción que CSeM no aplica cuando se trata de analizar el fraccionamiento de contratos del bipartito o la compra de una vivienda en la Marjalería

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El Partido Popular ha conseguido hoy sacar adelante, con el apoyo de Ciudadanos y Castelló en Moviment, y la abstención de PSPV y Compromís, una moción en la que se insta al equipo de gobierno a que elaboren un estudio específico sobre cada uno de los puntos negros o de mayor concentración de accidentes de la ciudad de Castellón y sus posibles causas, a fin de establecer acciones y medidas de mejora que tiendan a la reducción de la siniestralidad.

La concejala del PP Salomé Pradas ha recordado que el grupo ha reiterado a lo largo de la legislatura la activación de medidas concretas, a tenor de unos datos que son “muy preocupantes”: entre 2016 y 2018, se han producido 13 fallecidos en las vías urbanas de la ciudad, el doble de las que hubo en el trienio anterior.

“El equipo de gobierno municipal está omitiendo su responsabilidad en materia de seguridad vial. PSPV y Compromís meten los carriles bici a martillazos en las calles, pasando por encima de lo que piensan los vecinos y poniendo en riesgo la seguridad vial de los usuarios. Su única preocupación es llenar el suelo de rayas. Pero se olvidan de la siniestralidad viaria de la ciudad de Castellón”, ha defendido Salomé Pradas.

El Grupo Municipal Popular también ha lamentado que PSPV, Compromís y Castelló en Moviment hayan votado de una moción del PP por la que se insta al Ayuntamiento a modificar la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por entrada de vehículos y de reserva de la vía pública de aparcamiento, a fin de eximir del pago de la tasa a los titulares de plazas de estacionamiento reservadas y personalizadas para usuarios con movilidad reducida. También se instaba a que el órgano de gestión tributaria, en tanto no se proceda a la modificación normativa, se paralice cualquier liquidación de la tasa a los titulares de las mismas, aplicando lo dispuesto en el artículo 8 de la ordenanza de accesibilidad.

La votación se ha producido delante de Borja, un niño de 26 años que padece parálisis cerebral, y su madre, quien está reclamando que se le exima del pago de la plaza en la vía pública, atendiendo el artículo 8 de la ordenanza de accesibilidad, después de que el día de Reyes el Ayuntamiento le comunicara que le retiraba dicha plaza, bajo la condición de devolvérsela previo pago de 500 euros, además de llevar meses sin que se le hayan respondido a sus demandas ni escritos.

“No queremos ninguna medalla. Hemos traído esta iniciativa porque queremos solventar este asunto, como el de otros muchos castellonenses. Técnicamente es posible porque así nos lo han afirmado los técnicos de esta casa”, ha señalado Begoña Carrasco, portavoz del Grupo Municipal Popular, quien ha defendido la moción. “Nos da mucha pena, porque el bipartito habla de poner orden, pero no en poner soluciones. Llevan gobernando cuatro años, y llevan constantemente echando la culpa al PP. Hoy fracasa el equipo de gobierno que sigue sin pisar la calle ni escuchar a los castellonenses”, ha lamentado.

MAPA DE LA CORRUPCIÓN

“Si el equipo de gobierno municipal hace un mapa de la corrupción, será el que va desde el casoplón de Galapagar al de la Marjaleria. Al final, ha resultado que los que venían a cambiar las cosas, lo único que han hecho ha sido cambiar de casa”. Así se ha expresado el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Vicent Sales, después de que el Castelló en Moviment haya sacado adelante, con los votos del PSPV y Compromís, sus socios en el ‘Pacte del Frau’, una moción para elaborar un mapa de riesgos para garantizar la integridad, la eficiencia y la transparencia contra el fraude y la corrupción.

“Aquellos partidos políticos cuya propaganda consiste en aplicar a los demás la prueba del algodón tienen poco de estadistas y mucho de histéricos farisaicos”, ha añadido. El edil popular le ha recordado que hizo caso omiso  a sus propias recetas, en las que se comprometía a abstenerse en la toma de decisiones en las que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas, en alusión a la compra de una vivienda en la Marjaleria, mientras participaba en la negociación del Plan General.

“Castelló en Moviment pertence a esa clase de partidos progresistas que se crecen poseedores de un salvoconducto moral que les da la cómoda certeza de encontrarse sen el lado correcto de la existencia”, ha indicado Sales, “pero al mismo tiempo su portavoz se olvidaba en junio de 2015 en su declaración de bienes y actividades incluir su actividad artística musical y las retribuciones por ella percibidas”. “Cuando se le pregunta por la irregularidad, dice que son un grupo de amigos. Es problema es que presuntamente no cobraban en A de ‘Amigos’, sino que cobraban en B de Bombadil”, ha añadido.

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Castellón ha defendido el “no” de los populares a esta moción por querer convertir su cargo en una “caza de brujas” a la oposición, en la línea de lo que hizo el senador McCarthy, y le ha recordado que “el Síndic de Comptes alertó hace un año que el Gobierno que ustedes sustentan, entre 2016 y 2017 formalizó 61 contractos sin el control que obliga la ley, por valor de 10 millones de euros. ¿Dónde estaban mirando ustedes?”.

En este sentido, ha denunciado que Castelló en Moviment prefiere mirar hacia otro lado a la hora de fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, y les ha recordado que votaron en contra de la aplicación del Código de Buen Gobierno a la exvicealcaldesa imputada por un presunto delito de corrupción Ali Brancal, y que tampoco han hecho nada por incluir en ese mapa de la corrupción los contratos fraccionados de las áreas de Cultura y Educación que dirigen los concejales Verónica Ruiz y Enric Porcar, respectivamente.

PLAN GENERAL PORMENORIZADO

Por su parte, el concejal del PP Carlos Feliu también ha denunciado en su intervención en el pleno de hoy el cambio de criterio de la alcaldesa Amparo Marco en materia urbanística. Feliu ha recordado que los populares ya presentaron enmiendas en las que solicitaban que se modificara el régimen transitorio para permitir la compatibilidad entre la ordenación vigente y la propuesta, ya que esta norma está paralizando la concesión de licencias y, por tanto, penalizando la construcción.

“Ahora, seis meses después, llegan aquí no con un parche, sino con una tirita que apenas tapa la herida que han ido provocando. Hoy llegan aquí con una modificación que solo resuelve parcialmente las licencias paralizadas en Sensal, por lo que dejan en suspenso el resto de licencias asociadas a la compatibilidad por alturas, que si no cambian persistirá durante tres años más”, ha remarcado.

“Su Plan General será un fracaso, pero su periodo transitorio ya lo es”, tras lo que ha recordado que el nuevo documento, en contra de lo que se está informando por parte del bipartito, no se aprobará en el mejor de los casos antes del año 2021.