Carrasco: "No acusamos a nadie, sólo queremos que el gobierno municipal dé explicaciones a la ciudadanía sobre un Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias que no funciona, con una licitación anulada por un tribunal"

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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insta a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, a despejar dudas sobre quién va a presidir la Comisión de Investigación que ha sido aprobada hoy en pleno extraordinario a petición del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos para arrojar luz sobre las sospechas que rodean la adjudicación de contratos y operatividad del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias, ubicado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán XIV, así como otros detalles de la gestión en esta área.

El motivo que ha llevado a los populares a solicitar la constitución de dicha Comisión de Investigación no es otro que, "arrojar luz y despejar todas las sospechas de si se ha hecho un uso indebido del dinero público de todos los castellonenses en una Sala de Emergencias en la que el gobierno municipal lleva invertidos más de 1.600.000 euros, cuando hace apenas 5 años ya había sido reformada", explica Carrasco.

La portavoz popular matiza: "No estamos acusando a nadie, sólo queremos que el gobierno municipal dé explicaciones a la ciudadanía sobre un Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias que no funciona como debería, obligando a los agentes a tener que comunicarse por Whatsapp y, además, con una licitación anulada por un tribunal".

A la espera de conocer si la alcaldesa va a delegar la presidencia de la Comisión de Investigación al Grupo Municipal Popular, tal y como se ha solicitado formalmente en un escrito, los populares han designado al portavoz adjunto, Sergio Toledo, y al edil popular, Vicent Sales, como representantes en dicha Comisión de Investigación.

Cabe recordar que el 5 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la licitación por parte del Ayuntamiento del contrato de suministro del equipamiento integral de la sala del Centro de Atención de Emergencias del área de Seguridad y Emergencias. El valor estimado del contrato fue de 900.000 euros.

Ni un año más tarde, el segundo teniente alcalde Antonio Lorenzo ya afirmaba que "Castellón dispondrá en breve de unas instalaciones de alto nivel tecnológico que permitirán impulsar el servicio (...)". Y a finales de 2017 hablaba de que suponía "un salto cualitativo en la atención que se presta a la ciudadanía".

Sin embargo, la realidad ha demostrado que dicha sala no funciona en los términos promocionados por el equipo de gobierno municipal. Constantes fallos del sistema  obligan a los agentes a comunicarse vía Whatsapp cuando hay un episodio de lluvias, siendo la seguridad una cuestión de alta sensibilidad.

A pesar de los anuncios de perfecto funcionamiento de la sala, el 31 de julio de 2018 se anunciaba la contratación de un nuevo sistema informático para la citada sala, un nuevo software y hardware "para su correcto funcionamiento", como dijeros fuentes del gobierno. El presupuesto era de otros 700.000 euros.

El 30 de mayo de 2019 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitía una resolución por la que desestimaba la adjudicación de este último contrato, evidenciando errores graves en el proceso de valoración de las ofertas y adjudicación del contrato, de manera que ha quedado anulado dicho acuerdo, tras haberse adjudicado a la empresa que ya se encargó de la primera fase.

A estas cuestiones, se suman las dudas de otros trámites del área de Seguridad sospechosamente fallidos, como la adjudicación de los contratos de suministro de chalecos antibala para la Policía Local o la adjudicación de las mochilas tácticas y linternas de la Policía Local.

Y una serie de desplazamientos y viajes al extranjero realizados por el concejal del área y acompañantes con el objeto de promocionar el sistema de seguridad municipal, cuyo coste se desconoce.

"Estos hechos generan preocupación y desconfianza y es nuestra responsabilidad, en aras a la transparencia, velar por los recursos económicos públicos y solicitar las pertinentes explicaciones, para que los castellonenses sepan el destino de cara euro de sus impuestos", concluye Carrasco.