Carrasco ha recalcado que "con su rechazo a nuestra petición el PSOE favorece que el Gobierno, que no ha destinado ni un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y sus consecuencias".

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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha expresado su "malestar" ante el "veto" del equipo de gobierno de Amparo Marco a la declaración institucional que los Populares tenían previsto presentar durante la última sesión plenaria y en la que pedían instar al Gobierno de España a que "no se incaute de los recursos económicos de entidades locales como la de Castellón", de modo que los consistorios "pudieran destinar el 100% de sus remanentes de Tesorería para contrarrestar los efectos negativos de la COVID-19".

En ese sentido, Carrasco ha lamentado que "el 'NO' del equipo de gobierno de Amparo Marco a nuestras propuestas se traduce en una merma de la autonomía de las entidades locales a la hora de gestionar sus recursos en un momento tan complicado como el actual, debido a la crisis social y económica generada por el coronavirus", y ha pedido a Marco que "defienda como alcaldesa los intereses de los castellonenses y no los de su partido" en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Con su rechazo a nuestra petición el PSOE favorece que el Gobierno, que no ha destinado ni un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y sus consecuencias, se incaute ahora de los ahorros municipales que han salido de los bolsillos de todos los castellonenses para tapar su nefasta gestión en esta crisis", ha valorado Carrasco, que ha pedido a Marco que "defienda como alcaldesa los intereses de los castellonenses y no los de su partido" en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Al respecto, Carrasco ha recalcado que "con su rechazo a nuestra petición el PSOE favorece que el Gobierno, que no ha destinado ni un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y sus consecuencias, se incaute ahora de los ahorros municipales que han salido de los bolsillos de todos los castellonenses. Un pago que luego no se traduce en inversiones y servicios por parte de las administraciones, ya que ni la Generalitat Valenciana ni el Gobierno de España han llevado a cabo ninguna inversión de calado en los últimos cinco años en nuestra ciudad".

La portavoz municipal del PP ha lamentado además que el Gobierno de España, "que ya en el mes de marzo estaba estudiando confiscar el superávit generado por las entidades locales, así como los recursos que éstas tienen en las entidades bancarias, ahora pretende además que los ayuntamientos y diputaciones le presten la totalidad de los ahorros que han acumulado durante los últimos ocho años y que a cambio solamente se les permita gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte del dinero que es de sus vecinos".

Carrasco ha señalado también que la propuesta que ha elevado el Ejecutivo en torno a esta materia "podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".

"Aunque el Gobierno de España afirma que devolverá el dinero a lo largo de los próximo diez años, la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las entidades locales no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década, con el riesgo de asfixia financiera que ello conlleva, especialmente en plena época Covid", ha destacado Carrasco, que también ha recalcado que, con su rechazo a esta declaración institucional, "el equipo de gobierno municipal se pone palos en las ruedas a sí mismo, ya que la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para gestionar unos recursos y un dinero público que son de todos y cada uno de los ciudadanos quedan en entredicho, sin tener en cuenta que las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un Gobierno que, desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa de los recursos de todos los españoles".