Carrasco: "Lo han derogado por la vía de urgencia sin estar justificada, a no ser que escondan algo a los castellonenses"

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La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, cuestiona las prisas que han llevado al gobierno de Amparo Marco a aplicar el rodillo para derogar el Código de Buen Gobierno, sin consenso, ni unanimidad del Pleno, para adherirse al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). "Lo llevaron al Pleno de diciembre sin debate, sin negociación, porque se negaron a crear una comisión de estudio, tal y como solicitamos en reiteradas ocasiones, igual que se creó en 2014, culminando en 2015 con un texto aprobado por unanimidad, gobernando el Partido Popular con mayoría". "Consideramos que la vía de urgencia no estaba ni mucho menos justificada, a no ser que escondan algo a los castellonenses, el temor de verse implicados en algún caso de corrupción".

Carrasco explica que sólo así se entenderían las prisas para blindarse en el gobierno. "Llama mucho la atención que de los 247 puntos del pacto de gobernabilidad –conocido como Acord de Fadrell-, PSOE, Compromís y Unidas Podemos hayan dado prioridad a dos, el primero al que hace referencia a su subida de sueldo en un 50% y el segundo, a éste, la derogación del Código de Buen Gobierno alcanzado por unanimidad en 2015 y que, precisamente,  socialistas y nacionalistas se encargaron de endurecer hasta no respetar la presunción de inocencia ante posibles casos de corrupción".

"En lugar de revisar el texto propio, fruto del consenso y de la unanimidad alcanzada en 2015, gobernando el PP con mayoría, el gobierno municipal ha optado por la imposición y no por la vía del consenso. "Se ha negado a crear una comisión de estudio, igual que la hubo en 2014, anteponiendo su estrategia partidista y desleal con el resto de concejales que también se adhirieron al Código de Buen Gobierno al inicio de la legislatura"

"Los de la transparencia, los de la ejemplaridad, los del consenso y la participación han acabado imponiendo a los miembros de la corporación la supresión del Código de Buen Gobierno a cambio aprobar el Código de la Federación Española de Municipios y Provincias, aprobado solo un mes antes que el nuestro, y que si tan bueno es ahora lo podían haber elevado antes para su aprobación", señala.

La portavoz de los populares insiste en conocer si el gobierno de Amapro Marco tiene sobre la mesa alguna investigación judicial vinculada a la corrupción "para que hayan decidido blindarse en el gobierno anteponiendo su estrategia partidista y desleal con el resto de concejales que también se adhirieron al Código de Buen Gobierno al inicio de la legislatura".

"Tan poca convicción tenían en que algún día iban a gobernar, que no les importó nada endurecer hasta la saciedad el texto y ahora que se ven obligados a cumplirlo, resulta que no quieren. Desde el PP se lo advertimos en infinidad de ocasiones, su interés no era más que revanchismo político contra el Partido Popular", añade.

Para los populares lo más coherente hubiera sido la creación de una comisión de estudio no permanente, para buscar entre todos el texto más apropiado, sin imposiciones ni tacticismos políticos.

"En lugar de despreciar los acuerdos alcanzados por unanimidad de todos los concejales y de todos los partidos con representación, el gobierno municipal de PSOE, Compromís y Podemos ha impuesto su voluntad, perpetrándose un atropello sin precedentes que supone la pérdida de credibilidad del gobierno", concluye Carrasco.