Tras mantener una reunión con COCEMFE Castellón, su presidente advierte del problema que supone para las personas con movilidad reducida no poder acceder con sus vehículos al centro para acudir a una urgencia médica o para realizar cualquier trámite

[Galería de Imagenes]

La implantación del sistema de control de tráfico mediante cámaras que impiden el acceso al centro de Castellón de los vehículos no autorizados, con multas de 200 euros ha generado rechazo también entre el colectivo de personas con movilidad reducida que, de la noche a la mañana, han visto prohibido el acceso de sus vehículos, porque "desde el gobierno municipal que lidera la alcaldesa Amparo Marco no se les ha tenido en cuenta, de manera que la implantación de las cámaras les supone una barrera en su día a día". "Y lo más grave de todo es que desde la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Castellón (COCEMFE Castellón) tratan de contactar con la alcaldesa para exponerle las quejas de sus usuarios, han presentado un escrito al Ayuntamiento, y nadie les atiende", denuncia. 

La portavoz de los Populares en la ciudad, Begoña Carrasco, y la concejala del PP Susana Fabregat han mantenido una reunión con el presidente de COCEMFE Castellón, Ramón Meseguer, y Juan Doménech, miembro de la directiva, quienes les han trasladado su descontento por la implantación del sistema que ha sustituido a los anteriores bolardos, que recordemos disponían de un timbre conectado directamente con la Policía Local, que les era de gran ayuda.

"Este descontento generalizado es la evidencia de que el equipo de gobierno no está en solucionar los problemas de los vecinos, lo que están haciendo es crearles nuevos problemas y todo, porque gobiernan de espaldas a los castellonenses"

En este sentido, Carrasco ha anunciado que hoy mismo el Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una moción para pedir en el Pleno de la semana que viene suspender temporalmente este sistema de cámaras hasta que pase la pandemia. "Pensamos que en este momento tan difícil para el comercio local, para la hostelería, con pymes y autónomos que hacen un esfuerzo enorme por levantar la persiana todos los días y sin ninguna ayuda de las anunciadas por las administraciones, porque no les han llegado, no es el momento de implantar un sistema como este con un claro fin recaudatorio", apunta.

"Compartimos la preocupación y la indignación respecto un sistema de control de cámaras que no contenta a nadie, pero ahí está, multando cada día a los conductores que acceden a nuestro casco histórico sin estar autorizados, bien por desconocimiento, bien porque no han conseguido tramitar la pertinente autorización, porque nos consta que hay un colapso importante para verse atendidas todas las peticiones de residentes en la zona acotada por las cámaras, de las empresas de servicios que lo necesitan para poder trabajar y de los propios comerciantes quienes denuncian problemas para que sus proveedores accedan al centro sin previamente pasar por caja", explica Carrasco.

En el caso de las personas con movilidad reducida, "es un despropósito que no puedan acceder con sus vehículos como sí podían antes, se trata de personas en silla de ruedas, que utilizan bastones, andadores o con afectaciones de patologías que limitan su movilidad y que en estos momentos se ven obligados a contratar un taxi para realizar sus gestiones del día a día. Esto es un paso atrás en la eliminación de barreras dentro de la ciudad", denuncia Carrasco.

Y concluye: "Este descontento generalizado es la evidencia de que el equipo de gobierno no está en solucionar los problemas de los vecinos, lo que están haciendo es crearles nuevos problemas y todo, porque gobiernan de espaldas a los castellonenses".