Carrasco: "Compartimos su rechazo a un sistema impuesto de cámaras para controlar el acceso de vehículos al corazón de la ciudad que es un abuso."

[Galería de Imagenes]

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, junto a los concejales Sergio Toledo, Vicent Sales y Susana Fabregat han trasladado su apoyo a los comerciantes asistiendo a la manifestación organizada por Castelló Espai Comercial para pedir la desactivación del sistema de cámaras de control de acceso de vehículos al casco histórico, que tanto daño está causando a los establecimientos. "Y no solo a ellos, también a los vecinos, a las personas con movilidad reducida para quienes el vehículo sustituye a sus piernas, como ellos mismos dicen, y para las empresas de servicios que por el mero hecho de trabajar, son sancionados injustamente, al tener que acceder a domicilios en el corazón de la ciudad", señala Carrasco.

"Desde el Partido Popular rechazamos la medida, no es el momento de seguir recaudando de quienes injustamente se ven multados por una medida del gobierno municipal que persigue un afán recaudatorio. Un sistema que viene impuesto desde el gobierno municipal sin informar previamente, ni consensuar con los vecinos. Pedimos de nuevo a la alcaldesa Amparo Marco que dé marcha atrás y apague las cámaras, se lo están pidiendo los comerciantes aunque ya vimos su rechazo frontal en el Pleno de la semana pasada, con su negativa a aceptar la moción que llevamos al Pleno pidiendo precisamente dejar sin efecto el sistema sancionador de las cámaras" señala Carrasco.

Los concejales del PP en la ciudad de Castellón se han unido a la protesta que ha recorrido el corazón de la ciudad visibilizando la problemática de "un sistema que la mayoría de castellonenses rechaza y ve inadecuado en plena pandemia cuando la situación de nuestro comercio local es límite, sin embargo, la alcaldesa Amparo Marco se niega a desactivar las cámaras tal y como le piden los comerciantes y tal y como le pedimos desde el PP en el Pleno de la semana pasada"

En este sentido y tras la masiva participación de vehículos en la protesta de hoy, ha señalado:

"La alcaldesa Amparo Marco no puede desoír por más tiempo el grito de auxilio desesperado del comercio local, para quienes este sistema de cámaras va a suponer la puntilla final a sus negocios, después de un año en pandemia que ha hecho caer en picado sus ingresos. Sin consumidores y con cada vez más trabas para que éstos accedan al centro, nuestras pymes y autónomos van a desparecer definitivamente, algo que como ciudad no nos podemos permitir".

Carrasco recuerda que "ante la pasividad de una alcaldesa que no escucha, que no empatiza ni reacciona con los que peor lo están pasando en esta pandemia, los afectados recurren a la protesta sonora, con cacerolas o con el claxon de vehículos hoy. Lo hemos visto con la hostelería, con el ocio nocturno y hoy con el comercio local que ha decidido salir a la calle con la esperanza de que la alcaldesa rectifique y apague las cámaras que sólo están hundiendo más nuestra ya maltrecha economía local, porque además las prometidas ayudas de las administraciones siguen llegar".

La líder de los populares en la ciudad de Castellón insiste: "Compartimos su rechazo a un sistema impuesto de cámaras de control de vehículos al corazón de la ciudad que es un abuso. Su fin recaudatorio con multas de 200 euros ahuyenta a posibles compradores y está vaciando los bolsillos de vecinos, personas con movilidad reducida o empresas de servicios que, aun queriendo tramitar las autorizaciones, éstas no llegan pero las multas sí. El equipo de gobierno la única solución que les da es primero pasar por caja y después recurrir la multa", denuncia.

La problemática llega a tal punto que incluso vecinos que han renovado recientemente su autorización para acceder con sus vehículos al centro siguen siendo multados con 200 euros cada vez que acceden al centro. Y vecinos que no han recibido notificación alguna por parte del gobierno municipal informando previamente del nuevo sistema de cámaras, se han visto en la tesitura de tener que pagar hasta 4.000 euros en multas en 20 días, por acceder a su parking, tal y como han hecho público los medios de comunicación.