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Mazón: “El PPCV reducirá un 90% el impuesto de la vivienda para entidades sociales que adquieran pisos tutelados”
Mazón recuerda que “se pondrán en marcha desgravaciones fiscales especiales para las familias para los gastos derivados de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades raras o salud mental"
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 19-04-2023
El presidente del PPCV ha denunciado que “en estos momentos existen verdaderos problemas en dependencia y las ayudas de pobreza no llegan."
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado hoy que “rebajara el impuesto de la vivienda del 10% al 1% en la compra de viviendas tuteladas que sean adquiridas por las entidades sociales para dar cobertura a los usuarios”.
Así lo ha anunciado hoy Carlos Mazón en la reunión que ha mantenido con representantes de las entidades sociales y del tercer sector que prestan su servicio en la capital de la Plana. A la reunión también ha asistido la candidata del PP a la Alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco.
Mazón ha asegurado que rebajar los impuestos a los que más lo necesitan es una prioridad para el PPCV y en este sentido ha asegurado que “por eso es fundamental reducir en un 90% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para para estas entidades cuando compran una vivienda que tendrá la función de tutelada”
“Esta reducción en el impuesto de vivienda supondrá que pasarán de pagar el 10% al 1%”
Afirma que “el Consell del PPCV pondrá en marcha la Ley del Tercer Sector para dar estabilidad, seguridad, apoyo y que sirva para actualizar los precios de los servicios”.
Mazón recuerda que “se pondrán en marcha desgravaciones fiscales especiales para las familias para los gastos derivados de enfermedades como el Alzheimer, enfermedades raras o salud mental"
Asegura que “la gestión de las políticas sociales de Puig está colapsada desde hace mucho tiempo. No hay gestión, las ayudas a las entidades no llegan a tiempo, les adelantan el dinero y les obligan a pagar intereses”
Mazón se compromete a trabajar con todas las entidades y establecer políticas comunes para mejorar la gestión de las políticas sociales en la Comunitat Valenciana
Así, Mazón ha recordado que “bajar la presión fiscal es un objetivo prioritario sobre todo a los más vulnerables y a los que más lo necesitan” y ha recordado que “existirán importantes deducciones fiscales para las familias por los gastos derivados de la atención a enfermos de Alzheimer, salud mental o enfermedades raras. Sobre todo para las familias que más lo necesitan".
“Estas medidas son una verdadera revolución en las políticas sociales de la Comunitat Valenciana que pretendemos sacarlas del colapso al que están sometidas por la falta de gestión del Consell de Puig”, ha afirmado.
El presidente del PPCV ha denunciado que “en estos momentos existen verdaderos problemas en dependencia y las ayudas de pobreza no llegan. Hoy en la Comunitat Valenciana hay 1,5 millones de personas en situación de pobreza y esto es intolerable”.
Por esta razón, Carlos Mazón ha anunciado que “pondrá en marcha una nueva Ley del Tercer Sector que dé seguridad, estabilidad y apoyo a las entidades del tercer sector. Además hay que actualizar los precios de los servicios y reactivar el Plan Convivint”.
“No es posible que no lleguen las ayudas de la Generalitat Valenciana a las asociaciones y entidades. Pero lo peor es que si se adelantan las ayudas se les cobren intereses por parte del Consell. Tenemos que acabar con el retraso en el pago de las ayudas y trabajar por aligerar la burocracia en este sentido”, ha concluido.
Por su parte, Begoña Carrasco ha afirma que “en Castellón faltan plazas de residencias y de centros de día para personas con discapacidad. Y falta una solución para los jóvenes con discapacidad de 21 años, que se quedan fuera del sistema educativo. No puede ser que las familias vuelvan a tener a sus hijos con discapacidad encerrados en casa, hemos retrocedido 40 años. Ante esta situación a la que se suman los impagos de la Generalitat a las entidades sociales, la alcaldesa es incapaz de alzar la voz ante esta situación. Desde el PP vamos a priorizar políticas sociales que alivien a los centros, ayuden a las familias y mejoren la calidad de vida de estas personas”.
“Venimos a aportar soluciones y no crear problemas como los que trae la Ley Celáa. Una ley que transfiere a los alumnos de centros de educación especial a los colegios ordinarios donde no pueden recibir un trato personalizado e individualizado como en los primeros. Esta ley, mal concebida desde el origen, atenta contra el derecho de libre elección de los padres que en el Partido popular defendemos por encima de todo”, ha asegurado.
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