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“Con la deuda del Gobierno podríamos triplicar los recursos para los ayuntamientos”, advierte la presidenta de la Diputación
Marta Barrachina vuelve a alzar la voz para reivindicar al Gobierno de España una financiación justa y que pague los 105 millones de euros que debe a la Diputación de Castellón.
La presidenta de la Diputación de Castellón lamenta que, iniciado el mes de septiembre, el Gobierno Central siga sin Presupuestos Generales y vuelve a reclamar al ejecutivo central que aporte a los ayuntamientos la cantidad que les corresponde por ley por la recaudación de los tributos del Estado. "Continuamos con la misma exigencia al Gobierno de España: que cumpla con nuestra provincia", ha incidido la dirigente provincial.
Para la presidenta de la institución provincial es "inconcebible que el Gobierno de España castigue a las administraciones más próximas, las que resuelven los problemas, las que practicamos la escucha activa" "Quiero dar un toque de atención y reclamar al Gobierno Central que mire a la provincia y apueste de verdad por su potencial. Somos una tierra con talento, con capacidad y con ganas de crecer, y no podemos permitir más abandono". Y es que, como ha subrayado Marta Barrachina, "este silencio por respuesta por parte del Gobierno de España es un silencio atronador que no es para esta presidenta, sino para cubrir las necesidades y demandas de los 135 municipios de nuestra provincia y ven cómo el Gobierno no les escucha".
La máxima representante de la institución provincial ha recordado que, a la exigencia de unos Presupuestos Generales del Estado, se suma reclamar al ejecutivo central que aporte a las Entidades Locales la cantidad que les corresponde por ley por la recaudación de los tributos del Estado. El Gobierno de España actualmente debe más de 200 millones de euros a los municipios de la provincia y, de ese dinero que se adeuda, en el caso de la Diputación son más de 105 millones de euros. "El dinero que adeuda el Gobierno de España a esta Diputación equivale a la mitad del presupuesto de la institución provincial" ha remarcado Marta Barrachina, quien, como ejemplo ha comentado que "es un dinero con el que podríamos triplicar el presupuesto destinado a sumar recursos para atender a las administraciones locales a través de programas como el Plan Impulsa, Diputació Resol, Diputación Respon, mejoras en carreteras o convenios". "Podríamos acondicionar 175 kilómetros de carreteras; o podríamos destinarlo a sumar más mejoras en programas de bienestar social como las SPAP, las Unidades de Conciliación Familiar o Escuelas Matineras. Sería más dinero para más mejoras en infraestructuras hídricas, deportivas y toda una serie de inversiones destinadas a nuestro eje de gobierno: el bienestar de las personas y el desarrollo, progreso y futuro de nuestra provincia", ha afirmado la presidenta.
Ante esta situación, desde la institución provincial van a seguir alzando la voz e "instamos al ejecutivo central a incrementar la participación de los Ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de la provincia en la misma proporción en que ha crecido la recaudación del Estado en nuestra provincia", insiste la presidenta de la Diputación quien también vuelve a reclamar al Gobierno de España a realizar el pago de las cantidades que adeuda a las entidades locales de Castellón. "Una exigencia de justicia, ya que la situación financiera de nuestros ayuntamientos es insostenible", ha destacado Marta Barrachina.
En este punto recordar que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del sector público local, da la razón a la Diputación de Castellón ya que, entre otros puntos, resolvió instar al Gobierno a actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde el Gobierno Provincial reclaman al Gobierno Central que actúe con celeridad y responsabilidad en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Necesitamos un marco fiscal que permita a las diputaciones, al igual que a los ayuntamientos, a planificar y gestionar nuestros recursos con previsión y certeza y, así, seguir siendo eficaces".
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