Martínez: “No hablamos de proteger solamente a las personas directamente afectadas, sino también de atender el interés público y salvar unas construcciones que son paradigmáticas y características del uso tradicional del litoral español”

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Salvar los poblados marítimos de la provincia de Castellón amenazados por el Ministerio de Transición Ecológica es cosa de todos. Es por ello que el Grupo  Popular en la Diputación de Castellón ha presentado una moción al pleno del ente provincial del próximo martes, 14 de septiembre, en la que insta al resto de los partidos con representación –PSOE, Compromís y Ciudadanos-- a que se sumen a la propuesta de modificación de la Ley de Costas registrada por el PP en el Senado y de la que ya son conocedores los vecinos damnificados, así como las asociaciones que les representan.

Un cambio sustancial que, como indica el diputado popular, Andrés Martínez, “permitiría que áreas tradicionales como Torre la Sal, les Casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes fueran consideradas núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, algo que las libraría de la amenaza del derribo a la que se ven sometidas de manera periódica, con el riesgo de que se ejecute en cualquier momento”. “Si, como dicen, quieren ayudar de verdad, deben sumarse al PP y sacar adelante esta modificación mediante una disposición adicional que reconociera la singularidad y excepcionalidad de los poblados marítimos tradicionales”, añade.

Martínez detalla que en la moción se especifica que, “si bien es cierto que la legislación sobre costas debe garantizar el dominio público sobre la zona marítimo-terrestre, no lo es menos la falta de suficientes medidas de protección de este durante décadas. Un tiempo en el que la regresión litoral se ha agravado y que ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados durante décadas previas a que se llevaran a cabo los mismos”.

A este respecto, indica que este tipo de construcciones se encuentran en otros puntos del litoral español y tienen características comunes como que “son edificaciones de baja densidad, muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas con un modo de vida marinero”. Recuerda que “algunas están consolidadas desde hace más de un siglo y, en muchos casos, han merecido protección especial por figuras de catalogación autonómica como bienes de interés cultural (BIC) o de relevancia local”. “Resulta llamativo que, pese a ello, no gocen de ninguna particularidad en el tratamiento legislativo de Costas”, resalta.

Ante esto, recuerda a todos los grupos de la Diputación que “es necesario lograr que el Gobierno de España establezca un abrigo legislativo para estos núcleos urbanos que requieren de herramientas que impidan expedientes de desocupaciones o derribos”. “Si vamos todos juntos, sin atender a las siglas políticas sino a las necesidades de los ciudadanos, será más fácil conseguir un objetivo que no dudo que es común”, enfatiza el diputado provincial.

“No hablamos de proteger solamente a las personas directamente afectadas, sino también de atender el interés público y salvar unas construcciones que son paradigmáticas y características del uso tradicional del litoral español”, apunta. Y apostilla que, “no en vano, las podemos encontrar también en Menorca (las Casetes de Vorera); Puebla Larga y el Faro de Fuencaliente (isla de La Palma); El Altillo, Casas Quemadas o La Barranquera (Gran Canaria) o Telde (Gran Canaria); además de los municipios de Tufina y Ojos de Garza.

“El Ministerio de Trasición Ecológica y Reto Demográfico debe modificar de manera urgente la Ley 22/1998 de Costas y desde el PP nos ponemos a su disposición con una propuesta factible”, valora Andrés Martínez.

Entre las características que deberán tener los poblados a proteger destacan: que sean conjuntos de edificaciones que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos acreditados por el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen; que su demolición suponga una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico y que existan previo a su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre. A partir del momento en el que la Administración del Estado los incluya como núcleos urbanos –en el caso de que la modificación propuesta por el PP salga adelante-- “se regirán por el régimen de terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección y estarán libres de la espada de Damocles que tienen en la actualidad”, concluye.