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El PP exige que Diputación sufrague el gasto que el Consell impone a los ayuntamientos por los auxiliares COVID-19

El Gobierno del PSOE obliga a los consistorios a financiar parte de los contratos del personal del programa Estiu Segur pese a que en 2020 los sufragó íntegramente el Consell

Gabinete de prensa del PP de Castellón | 09-06-2021

Susana Marqués, diputada provincial del PP, lamenta que Ximo Puig modifique las condiciones del programa para que sean los ayuntamientos los que asuman parte del coste

Susana Marqués, diputada provincial del PP, lamenta que Ximo Puig modifique las condiciones del programa para que sean los ayuntamientos los que asuman parte del coste

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El Partido Popular en la Diputación solicitará al Gobierno del PSOE y Compromís que sufrague los gastos extras que Ximo Puig ha impuesto a los ayuntamientos para poner en marcha su programa de auxiliares Covid-19 en las playas. El plan Estiu Segur que el Consell ha lanzado este año "impone a los ayuntamientos una carga burocrática y unos costes económicos que el año pasado no existían porque estaban 100% tramitados y financiados por la Generalitat Valenciana".

El malestar generado entre los municipios de costa para hacer frente a este gasto no previsto exige "una acción inmediata por parte de la Diputación. Porque Ximo Puig no puede colgarse medallas con programas que él anuncia pero pagan otros. Además, imponiendo unos plazos injustificables que demuestran lo alejado que está el Gobierno del PSOE de la realidad de los ayuntamientos. Es un castigo inmerecido".

Desde el Partido Popular en la Diputación Provincial, Susana Marqués, ha solicitado al presidente de la institución "que se haga cargo de la situación de muchos ayuntamientos. Es necesario la creación de un fondo que suplemente y asuma estos gastos impuestos por el Consell en este plan, y que van a tener que asumir los ayuntamientos. Desde el PP lo vamos a exigir, porque carece de toda lógica que el Consell obligue ahora a decenas de municipios a pagar de su bolsillo la contratación de un programa autonómico que además viene reglado por criterios establecidos por la Conselleria de Sanitat y sobre el que los ayuntamientos no tienen ninguna competencia, únicamente la obligación de pagar".

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