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El PP de Castellón urge medidas para frenar las ocupaciones ilegales en la provincia
Ofrecen al Gobierno llegar a un acuerdo para garantizar la propiedad privada y solucionar este problema social que está afectando en toda España
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 26-09-2020
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Óscar Clavell: "Creemos que se debe regular la situación y, sobre todo, proteger a los propietarios que están sufriendo esta situación"
El diputado nacional del Partido Popular por Castellón, Óscar Clavell, ha puesto encima de la mesa hoy la necesidad de que el Gobierno de España tome medidas para frenar las ocupaciones ilegales. El responsable del PP ha advertido que "en primer lugar hay que distinguir entre las mafias que se dedican a ocupar viviendas y aquellas personas sin recursos que ocupan una casa y a estas últimas hay que atender y ofrecer prestaciones".
En cambio, "no se puede seguir permitiendo que ocupar una vivienda genere, encima, derechos al delincuente y que los propietarios no puedan hacer nada". Clavell ha advertido que "más de 40 viviendas se ocupan cada día en España" y la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con mayor problemática.
Para el diputado nacional "de la misma forma que no se puede robar un coche, no se puede atentar contra la propiedad privada con el Gobierno mirando hacia otro lado", ha señalado.
El popular ha lamentado que el Gobierno de PSOE y Podemos hayan bloqueado la Proposición No de Ley del PP "y que digan que la ocupación no es un problema en España" cuando los propietarios están "totalmente indefensos", ha explicado Clavell.
De hecho, el diputado recuerda que la ocupación afecta a la clase media de la provincia, a familias enteras, así como a los vecinos de alrededor de los que sufren este delito. De ahí que la propuesta del PP sea "proteger a la mayoría de los vecinos, proteger la Ley y que los jueces, fiscales y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado puedan intervenir conforme a la Ley".
La propuesta del PP estipula un plazo de 24 horas para el desalojo voluntario tras el requerimiento, que no se igualen los derechos entre propietario y el que ocupa, que no se permita el empadronamiento de los ocupantes, que las comunidades autónomas y las personas jurídicas puedan tomar medidas legales al respecto de estos problemas y que se acumulen delitos como el allanamiento de morada.
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