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El equipo de Gobierno de Torreblanca ha mantenido una reunión con la Generalitat Valenciana respecto de varias cuestiones pendientes para el avance de la localidad. Se trata de una reunión que ha mantenido la alcaldesa del municipio, Tania Agut, con el conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, junto con la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, y el edil de Sostenibilidad Ambiental, Joel Antoni.
En el encuentro se han abordado necesidades como diferentes mejoras que el equipo de Gobierno reclama para el Prat de Torreblanca ya que, tal y como explica la alcaldesa, "es una prioridad para este equipo de gobierno poder impulsar cada vez más mejoras en el Prat como reclamo turístico y medioambiental, pero para ello requerimos tanto de la colaboración como de la inversión del Consell", señala Agut.
La alcaldesa, junto a la edil de Urbanismo, han puesto de manifiesto que "ante el avance del proyecto del Golf hemos trasladado la necesidad de una mayor coordinación ya que requerimos de avances administrativos que son competencia de la Conselleria", señalaba Rosana Villanueva, quien considera que "es un hito histórico que el Ayuntamiento hayamos desbloqueado el golf esta legislatura con mucho trabajo y esfuerzo", por lo que "queremos la colaboración constante del Consell".
La alcaldesa y los concejales han agradecido la voluntad del conseller en facilitar todos los trámites necesarios para que, en palabras de la alcaldesa, "la localidad siga avanzando y desbloqueando proyectos".
Por último, tras la reunión la Generalitat ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público de un tramo de costa de 10.235 metros, que comprende el Prat de Cabanes-Torreblanca.
Así lo ha asegurado también Martínez Mus. Y es que el titular de Medio Ambiente ha remarcado que la administración autonómica "se pone al lado de los vecinos y propietarios, porque esta resolución también afecta a viviendas que, aunque no están en el deslinde, sí que están en la zona de afección".
La Generalitat impugnará esta nueva orden para "defender a los propietarios afectados, los valores naturales de la zona y los propios intereses de la Generalitat", puesto que el Gobierno central "modifica el deslinde de forma que un parque que es de gestión de la Generalitat pasa a ser dominio público estatal", ha matizado Martínez Mus.
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