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Si no suman, que no nos resten
Autor: Marta Barrachina Mateu, presidenta de la Diputación provincial de Castellón
En la Diputación de Castellón, como en la mayoría de ayuntamientos de esta provincia y de toda España, trabajamos para cumplir con los ciudadanos. Con rigor, con esfuerzo, y sobre todo con responsabilidad, para poder transformar los recursos públicos en bienestar para nuestros vecinos. Sin embargo, esa buena gestión está siendo castigada, de nuevo, por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido vetar el uso del superávit de las administraciones locales mientras sigan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado. Una decisión arbitraria, injusta y profundamente lesiva para los intereses de quienes representamos a nuestros ciudadanos con compromiso y solvencia.
Por eso pedimos al Ejecutivo que si no nos suman, al menos que no nos resten. Porque su incumplimiento con los ciudadanos ante la ausencia de presupuestos tiene graves consecuencias derivadas sobre nuestra provincia. No solo nos niegan inversiones, sino que además secuestran nuestra autonomía.
No es la primera vez que el Gobierno de España golpea a los ayuntamientos, pero esta vez el golpe es aún más duro. Porque hablamos de recursos propios, de dinero que ya está en nuestras arcas y que iba destinado a mejorar calles, espacios públicos, centros sociales o servicios esenciales para nuestros pueblos. Hoy, todo está paralizado por una decisión política que no responde a ningún criterio técnico ni financiero. Es una imposición ideológica. Es, en definitiva, un castigo.
El artículo 134.3 de la Constitución es claro: el Gobierno debe presentar los presupuestos antes del 1 de octubre del año anterior. Sánchez no lo ha hecho ni en 2023 ni en 2024. Y mientras tanto, la señora Montero castiga a los ayuntamientos y a las diputaciones que han cumplido con su deber, limitando su autonomía y su capacidad de respuesta.
Esta medida es especialmente grave para nuestra provincia, donde la buena gestión económica del Partido Popular ha permitido cerrar ejercicios con saldo positivo. Municipios pequeños y medianos hoy se ven asfixiados por una ministra que parece haber olvidado que los pueblos también existen.
Imposición
Es incomprensible que el Gobierno imponga cómo utilizar los recursos propios a un ayuntamiento o a una diputación del mismo modo que sería incomprensible que en un hogar se prohibiera a una familia hacer uso de sus propios recursos para mejorar su bienestar. No podemos permitir que la irresponsabilidad del Ejecutivo central arrastre por tierra el esfuerzo de tantos alcaldes y alcaldesas que trabajamos día a día por nuestros vecinos. No podemos permitir que se nos robe la oportunidad de transformar ese esfuerzo en realidades que mejoren la calidad de vida de los castellonenses. Porque eso es lo que está ocurriendo: se nos está robando.
Mientras se disparan los gastos en altos cargos y estructuras políticas pensadas para mantener el equilibrio parlamentario de Pedro Sánchez, se bloquean las inversiones locales que iban destinadas a necesidades reales. ¿Qué clase de país castiga a quien lo hace bien? ¿Qué clase de Gobierno prefiere premiar el chantaje político que el compromiso institucional?
Desde esta institución, alzamos la voz no por capricho, sino por responsabilidad. No pedimos más, pedimos lo justo. Que se nos permita usar los recursos de los que disponemos. Que se nos respete como administración. Que se respete, sobre todo, a los ciudadanos que esperan de nosotros soluciones, no excusas.
La ministra Montero debe mostrar la misma diligencia para desbloquear el uso del superávit que ha tenido con otras comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, para atender su deuda. No puede haber territorios de primera y de segunda en ningún aspecto. Todos los ciudadanos merecen la misma atención, la misma inversión, la misma oportunidad. Y más todavía aquellos que han hecho los deberes.
Generar oportunidades
Somos la primera puerta a la que llaman nuestros vecinos. Reclamamos, por tanto, que nos dejen trabajar. Y lo hacemos desde la firme voluntad de seguir generando oportunidades en nuestra tierra, sin sectarismos ni partidismos. Porque nadie sobra cuando se trata de defender el futuro de nuestra provincia. Por eso, invitamos a todos los partidos políticos a sumarse a este pacto por la provincia, porque los recursos bien gestionados no pueden ser penalizados.
Nosotros no nos rendimos. Seguiremos defendiendo el derecho de nuestros municipios a invertir en su gente, en su desarrollo, en su bienestar. Y lo haremos con la misma firmeza con la que exigimos a Montero que deje de reírse en la cara de los castellonenses. Porque la buena gestión no se castiga. Se apoya. Se incentiva. Y, sobre todo, se respeta.
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