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Política digital

Autor: Sergio Toledo llorens, Coordinador local del PPCS

El nepotismo la RAE lo define como el «trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos». Un sinónimo de dedazo.

Esta es una práctica a la que nos han habituado, tanto desde Compromís como, especialmente desde el PSPV. En la Generalitat se ha convertido en algo habitual el colocar a familiares y amigos en puestos públicos de responsabilidad especialmente los dependientes de la Conselleria de Sanidad, no dejan de ser ejemplos de nepotismo en pleno siglo XXI por aquellos que decían que venían a salvar a las personas y sólo han venido a salvar a sus familiares y amigos.

El ejemplo del gobierno valenciano ha llegado a la ciudad de Castellón. La alcaldesa ha tomado buena nota de cómo usar ese dedazo y lo ha elevado a la enésima potencia. Les resumo el caso que han podido leer en estas páginas la pasada semana: un profesor universitario va en las listas de los socialistas al ayuntamiento en 2015. Al dimitir Carmen Oliver, Lafuente (el profesor universitario) es el siguiente en la lista y decide renunciar al acta.

En diciembre de 2015 se decide sacar una plaza de director de la oficina de planificación y proyección económica, que no se ocupa hasta ahora, a pesar de que al sacar una plaza se entiende que será necesario cubrirla cuanto antes.

Esa plaza la ocupa Lafuente, el concejal que no accedió al acta. Podríamos pensar que en su momento no le venía bien y ahora sí, pero hay una pequeña diferencia. El sueldo de esta plaza adjudicada a dedo es el doble que el que tendría como concejal, un dato importante si entendemos que la función pública se debería ejercer por vocación y no por tener un sueldo superior al del presidente del Gobierno.

A pesar de suceder algo insólito en el último pleno, partidos tan diferentes como Partido Popular, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment estuvieron de acuerdo en censurar este nombramiento y pedir que se dejase sin efecto, no por un problema de legalidad, sino por la falta de ética y moral de ese nombramiento. La alcaldesa parece dispuesta a mantenerlo. Parece que estamos en la legislatura de la política digital o del dedazo.

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