José Antonio Redorat, presidente del PP en Benicarló, y el candidato a las municipales, Juan Manuel Cerdá, toman la calle para reclamar al ayuntamiento y al Gobierno de España el desalojo de los okupas en menos de 24 horas

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PSOE y Compromís han decidido rechazar la propuesta del PP en Benicarló para defender “soluciones al problema real de la okupación de la que nuestra ciudad no es ajena”. Lo han hecho tumbando una iniciativa que el Grupo Municipal del PP ha presentado para blindar los derechos de los propietarios afectados por este tipo de delitos y también para dar soluciones a los vecinos que viven junto a una vivienda okupada.

El pleno demostró, tal y como señala el presidente local del PP, “que la izquierda vive una realidad paralela mientras los vecinos sufren problemas reales”. Y en el PP, “estamos al lado de nuestros ciudadanos porque gobernamos para ellos con el deseo de serles útiles. Es por ello que esta iniciativa elevaba al pleno una realidad que Benicarló lamentablemente sufre con el deseo de habilitar medidas eficaces en defensa de derechos que hoy están vulnerados”.

La misma que este fin de semana el PP ha compartido en la calle con los vecinos a fin de reivindicar “soluciones ante un problema de extrema gravedad”. El presidente local, José Antonio Redorat, y el candidato a las elecciones municipales, Juan Manuel Cerdá, han escuchado a los vecinos para atender sus demandas y canalizar las soluciones “que no solo son posibles, sino necesarias”, ha señalado Redorat.

En efecto, la propuesta del PP planteaba un refuerzo de las medidas de control en la tramitación de los empadronamientos. “No es posible que un delincuente llegue al ayuntamiento y consiga empadronarse en una vivienda que ha decidido okupar con total impunidad”. “Es necesario que seamos exigentes en estos procesos y fiscalicemos los trámites para asegurar que ningún empadronamiento da cobijo a un delincuente”.

En paralelo, el PP reclamaba al Gobierno de España la modificación de la ley para garantizar el desalojo de los delincuentes en menos de 24 horas, así como recuperar el delito de usurpación de viviendas. De igual modo, la propuesta también exigía un endurecimiento de las penas de prisión para las mafias que se dedican a cometer este tipo de delitos utilizando a familias en una situación vulnerable.

Para Redorat, los Servicios Sociales están desempeñando una función básica en la defensa de familias y vecinos en situación de emergencia “y debemos blindar su trabajo para evitar que nadie pueda aprovecharse de quienes están en una situación desesperada”. “Hay que activar planes de vivienda que den soluciones y frenen los delitos”, porque “lo que no se puede permitir es que de un delito emane un derecho”.

Cabe señalar que entre enero y julio de este año, la provincia de Castellón registró 182 casos de okupación frente a los 224 registrados durante todo el 2021. Y en el PP, “estamos convencidos que hay solución a un problema de extrema gravedad para quien lo sufre”. Por este motivo, señala Redorat, “vamos a trabajar a pie de calle y desde las instituciones con el compromiso de modificar una ley que defienda derechos y castigue a quienes cometen un delito de allanamiento de morada o usurpación de vivienda”.