Los profesionales: colectivos a defender

Autor: Manuel Altava Lavall, Portavoz de Justicia del PP en el Senado

Vida, Doctrina, Derecho: ese es el devenir legislativo de cualquier norma. Primero la vida concibe las cosas de una determinada manera, mostrando otra forma de vivir o de hacer las cosas, porque la vida evoluciona; seguidamente la doctrina científica, pionera en el estudio de las instituciones, trabaja, escribe y debate sobre ese nuevo modo de hacer las cosas y, en fin, es el legislador quién a la vista de esa realidad social que funciona, la regula, la normativiza. Actuar de otra manera, no suele salir bien.

El Ministerio de Economía y Competitividad ha aprobado un anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales en el que va a realizar una nueva regulación de las mismas. En el Senado hemos constituido una comisión que coordino, formada por diez senadores de distintas profesiones, conocedores por tanto de la realidad diaria de nuestros profesionales que nos hemos ido reuniendo periódicamente con los consejos generales de los colegios profesionales de las distintas profesiones para recabar información sobre los aspectos clave de las profesiones y hemos podido comprobar que básicamente sí existe un consenso en las modificaciones que cabría conservar o modificar en dichas corporaciones. Hay tres grandes preocupaciones colectivas y, en orden a si se trataba de una profesión técnica, médica o jurídica, cuestiones más específicas de cada profesión; a saber, la colegiación, con el mantenimiento de las actuales profesiones en su actual configuración de colegiación de todas las profesiones con respeto a su carácter obligatorio y distribución territorial uniforme en el territorio nacional; autorregulación e interlocución.

Las profesiones tienen una importante función social ya que coadyuvan en la consecución y defensa de derechos e intereses de los ciudadanos tratando importantes bienes jurídicos de las personas quienes confían en los profesionales su salud, patrimonio o libertad.

Y, el modelo colegial existente hasta ahora ha demostrado su plena validez y efectividad. Por ello, la defensa de un modelo social en beneficio de los consumidores y usuarios excede de los asociados a un colegio para ser referente de defensa de los derechos de los ciudadanos al responder a la necesidad de ser ejercidas bajo un modelo consolidado, garantista y que forma parte de la sociedad civil organizada quien ha admitido perfectamente el actual modelo colegial.

En segundo lugar, también los colegios profesionales deben seguir dotados de autonomía e independencia que permita una necesaria vinculación entre el profesional y su colegio. Los colegios son instituciones independientes de ordenación y control del ejercicio profesional de titulares que realizan actos profesionales que, tal y como se reconoce por los mismos, consisten en prestación de servicios con conocimientos técnicos y científicos, con sujeción a normas de conducta. Por eso, los colegios profesionales conllevan una importante labor en deontología profesional que no puede pasar desapercibida y que dota a los profesionales de confiabilidad. El título del profesional, junto con su colegiación y sometimiento a las normas deontológicas que esto exige, suponen la garantía del ciudadano de que el profesional cumple un mínimo de fiabilidad.

Y, respecto a la interlocución, el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas exige el permanente diálogo en la búsqueda de ese interés general también requerido por los consumidores y usuarios tanto a los profesionales como al Estado y, son los colegios profesionales quienes aúnan esa búsqueda de los intereses generales y de los consumidores y usuarios con la mejora del sistema económico del país y la tutela de los intereses legítimos de los profesionales.

Si estoy de acuerdo en que es exigible a los colegios profesionales una actualización y modernización que continúe prestando fácil acceso a los servicios profesionales por los ciudadanos en cualquiera de las poblaciones en las que se pudieran encontrar las modificaciones legislativas deben advertir las cuestiones de la vida que necesitan ser modificadas dejando intangibles las que funcionan bien y no deben serlo.

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