La justicia tumba el catalanismo de Puig

Autor: Beatríz Gascó Enríquez, Diputada autonómica PPCS

La determinante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sobre el decreto del chantaje lingüístico, es un varapalo judicial a toda la política lingüística del Sr. Puig y la Sra. Oltra.

El TSJCV dice que la libertad de las familias, a la hora de elegir la lengua vehicular de sus hijos, es la que debe primar y que los padres no pueden ser sustituidos ni por la Administración, ni por los Consejos Escolares, ni por el Sursum Corda. Con esta sentencia queda claro que la libertad está por encima de esa imposición que quiere el Consell de Puig. Pero nunca debemos olvidar que han intentado, mejor dicho, están intentando llevar a cabo el mismo proceso separatista que comenzó hace 30 años en Cataluña, al tratar de imponer una escuela con un modelo único, con exclusión del castellano y sin darle libertad a los progenitores.

El President debe asumir responsabilidades y obligar a Marzà a irse porque la Justicia ha ratificado lo que desde el PP venimos denunciando hace tiempo: que utiliza el chantaje para imponer el valenciano y quiere trasladar la ideología de la izquierda nacionalista a las aulas, primando el adoctrinamiento sobre la formación académica del alumnado valenciano.

Puig y Oltra intentaron, a través de la abogacía de la Generalitat, paralizar esta sentencia para que no se conociera la verdad y no se visibilizara el sectarismo y el intento de manipulación social de este Consell. La transparencia hay que aplicarla no solo a cuestiones económicas, sino también a las decisiones ideológicas que vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Puig y Oltra están intentando arrebatar a la ciudadanía su libertad, pero lo esconden. Deben asumirse responsabilidades políticas con carácter inmediato porque no pueden saltarse la ley, mentir e intentar manipular a toda la sociedad y, encima, querer salir indemnes de un tema tan grave.

Ante tanto despropósito Marzà, para intentar salvar su imagen denostada, aún se atreve a intentar transmitir sensación de normalidad, después de haber vulnerado los derechos fundamentales de las familias, saltarse la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía, leyes autonómicas, leyes orgánicas, hasta jurisprudencia europea. ¿Qué todo está bien? ¿Qué no hay ninguna disfunción en los centros? ¡Noooooo que va! ¡Si lo difícil es encontrar algún colegio que no tenga disfunción! Este señor se piensa que el sistema educativo es su corralito, pero después de tantas actuaciones, de extrema gravedad, queda deslegitimado para seguir siendo Conseller de Educación. Ya está bien de que esta gente se sienta con el derecho de poder hacer todas las ilegalidades, tropelías y ataques a la libertad que les venga en gana. No les vamos a dejar, la sociedad no les va a dejar y el Partido Popular, junto a las familias vamos a hacer de muro de contención a las aspiraciones separatistas de Puig, Oltra y Marzà, que a nadie le quepa la menor duda.

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