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El pleno ordinario aprueba una declaración institucional para instar a la presidencia de la Autoridad Portuaria la creación de una comisión con los sectores productivos estratégicos de la provincia para analizar la política de bonificaciones de las tasas
La corporación provincial de la Diputación de Castellón se ha unido para exigir la aplicación de las tasas portuarias más beneficiosas para cada uno de los sectores productivos de la provincia de Castellón.
El pleno ordinario correspondiente al mes de enero celebrado hoy en la Diputación Provincial ha aprobado una declaración institucional por la que se insta a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Castellón a que cree una comisión con los sectores productivos estratégicos de la provincia de Castellón para analizar la política de bonificaciones de las tasas portuarias.
Como ha explicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, durante la lectura de la declaración institucional, "el Puerto de Castellón, como puerta de entrada y salida de mercancías, es motor económico de nuestra provincia, y como tal, tiene la voluntad de trabajar conjuntamente con los diferentes sectores productivos para serlos útil atendiendo sus necesidades, demandas e inquietudes". El texto hace referencia a inquietud trasladada a la institución provincial por parte de la Unió Llauradora i Ramadera respecto a las bonificaciones en las tasas portuarias aplicadas a los cítricos importados, especialmente cuando provienen de países con presencia de plagas y enfermedades de cuarentena. "Consideramos que esta problemática debe ser abordada con la profundidad que merece por los diferentes agentes implicados", ha subrayado la primera presidenta de la Diputación.
Por todo, desde la Diputación Provincial de Castellón se solicita a que una vez vistas las conclusiones de la comisión, analice y aplique las tasas portuarias más beneficiosas para cada uno de los sectores productivos de la provincia de Castellón. Asimismo, a través de la declaración institucional, la corporación provincial en bloque insta al Gobierno de España a que aporte la infraestructura y el personal necesario para cubrir la demanda existente en el puesto de inspección fitosanitaria en el Puerto de Castellón.
En otro orden de cosas, la sesión plenaria de hoy también ha llevado a aprobación mociones encaminadas a la defensa de la libre elección del domicilio empresarial y a favor del desarrollo económico de la provincia.
Por un lado, el Gobierno Provincial ha aprobado una moción por la que insta al Gobierno de España a no llevar a cabo la aprobación de beneficios fiscales por parte del Gobierno de la Nación, cuyo propósito sea incentivar que las empresas trasladen su sede social desde la Comunitat Valenciana, u otras autonomías, a Cataluña, ya que favorecería a una comunidad autónoma en perjuicio del resto. Asimismo, se solicita al Gobierno Central a respetar la libertad de empresa y no establecer sanciones de ningún tipo a aquellas que no trasladen su domicilio social a Cataluña.
Como se indica en la moción, desde el año 2017 un total de 974 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a la Comunitat Valenciana. En la provincia de Castellón en concreto, cerca de 200 firmas se desplazaron en su día, de las cuales un 75% han optado por quedarse en nuestro territorio.
Como ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Sergio Toledo, "la aprobación de esta medida tendría consecuencias muy perjudiciales para los intereses económicos de la Comunitat Valenciana". El diputado provincial ha añadido que "la aprobación de esta medida supone la vulneración del derecho a la libertad de empresa, al principio de igualdad y a la libre competencia, contraviniendo la legislación de la Unión Europea en materia de la libre circulación de personas y capitales".
Por otro lado, el pleno también ha aprobado una moción en la que muestran su postura a favor de respetar las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo y a no autorizar ningún proyecto que incumpla la normativa autonómica de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, así como a desestimar los proyectos de competencia estatal que tengan informes desfavorables de los departamentos autonómicos competentes en materia de territorio, paisaje o medio ambiente.
Asimismo, la Diputación de Castellón apoya el desarrollo energético a través de la implantación de energías renovables para mejorar la capacidad eléctrica y contribuir al impulso de un futuro industrial sostenible de la provincia, siempre en consenso con los municipios y sus vecinos, desde el respeto ambiental y paisajístico, conservando sectores productivos, como la agricultura, ganadería o turismo rural, entre otros. La moción ha contado con los votos a favor del PP, Compromís y Vox, y el voto en contra del PSOE.
Por último, el pleno ha aprobado, con los votos a favor del Gobierno Provincial y de Vox, una moción en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena del terrorismo. Al respecto, desde la Diputación de Castellón defienden el acuerdo entre los partidos políticos para alcanzar las mayorías suficientes para gobernar los municipios, siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respetan el Estado de Derecho, que acaten, cumplan y hagan cumplir la Constitución Española como norma fundamental del Estado, que condenen el terrorismo de cualquier origen, y respalden y apoyen a las víctimas del terrorismo.
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