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La alcaldesa ha aprovechado la reunión para presentar a los once concejales del equipo de gobierno que desde hoy se ponen a trabajar para atender los problemas de la ciudad.
La alcaldesa Begoña Carrasco se ha reunido con el sector del comercio de Castellón para presentarles las principales líneas de actuación del nuevo gobierno orientadas a la revitalización de la ciudad con el objetivo de ayudar al comercio local.
La alcaldesa ha aprovechado la reunión para presentar a los once concejales del equipo de gobierno que desde hoy se ponen a trabajar para atender los problemas de la ciudad.
Como medida más inmediata y siendo una petición mayoritaria de los comerciantes, la alcaldesa Begoña Carrasco ha anunciado que va estudiar la manera de que las cámaras del centro dejen de multar. “Es fundamental para que la gente vuelva a venir al centro y se pueda reactivar la economía en un centro que se asfixia”, ha señalado.
Con respecto a las 21 cámaras del centro, Carrasco es partidaria de mantenerlas a modo de seguridad y de mejora de la movilidad, pero sin que multen a los conductores. Y lo mismo con las cámaras de la almendra central, adquiridas por dos millones de euros, la alcaldesa plantea nuevos usos como ubicarlas en puntos estratégicos para evitar la proliferación de vertederos incontrolados.
Un plan de choque para intensificar la limpieza, mejorar la iluminación y dotar de más seguridad las calles son también medidas prioritarias que se irán adoptando en los próximos meses. Del mismo modo, Carrasco se ha referido a la necesidad de poner en marcha un plan de mejora de la accesibilidad y la señalización para facilitar el acceso al centro y a los parkings, negociando las tarifas para que beneficien a quienes compren en el centro”.
Con respecto al proyecto de la almendra central, que adjudicó el gobierno anterior, la alcaldesa Begoña Carrasco ha mostrado su disconformidad y ha asegurado que se sentará con la empresa adjudicataria para no llevar a cabo el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de superficie urbana.
“Queremos contar con la opinión del tejido social y comercial antes de hacer algo que vaya en contra de los intereses de Castellón. No queremos perder los 8 millones de fondos europeos destinados a la Zona de Bajas Emisiones, nuestra intención es reorientarlos para que vayan destinados al asfaltado y a la mejora de las calles.
La normativa europea obliga a delimitar una zona de bajas emisiones antes del 31 de diciembre de 2023, pero no dice ni la superficie ni cómo hacerlo y eso es lo que vamos a tratar de modificar aprovechando las zonas ya peatonalizas en esta ciudad”, ha señalado.
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