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Marta Barrachina: "No se pueden permitir privilegios económicos para unas comunidades mientras otras seguimos esperando"
La Diputación Provincial de Castellón mostrará su rechazo a la financiación singular para Cataluña y reiterará su exigencia al Gobierno de España que pague el dinero que debe a la provincia de Castellón.
"No pedimos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha defendido que "no se puede permitir que unas comunidades autónomas tengan privilegios económicos, mientras otras seguimos esperando". "El Gobierno de Sánchez ha roto el sistema de financiación autonómica para beneficiar a Cataluña, por encima de los demás, con unos privilegios injustos e ilegales".
Se trata de un pacto "inconstitucional", que tal y como ha subrayado la dirigente provincial, "vulnera los principios de igualdad entre los ciudadanos españoles y la solidaridad interterritorial, ambos fundamentales en la Constitución Española". Además, esta medida pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos de la provincia de Castellón.
Por ello, el Gobierno Provincial ha impulsado una moción para su aprobación en el pleno ordinario, que tendrá lugar el próximo martes 22 de julio, con el fin de rechazar la implementación por parte del Gobierno de España de un sistema de financiación singular para Cataluña, "un duro golpe para España".
"Exigimos la retirada de esta propuesta, porque no responde a una voluntad de mejora del sistema de financiación autonómica en beneficio del conjunto de ciudadanos, sino a una cesión política", ha expresado la presidenta, quien ha reclamado que "cualquier medida fiscal sea aplicable de manera equitativa en todo el territorio nacional y beneficie a todos los ciudadanos españoles". "Los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría", ha añadido Marta Barrachina.
Así, mientras Cataluña mantiene mayores recursos, provincias como Castellón ven cómo sus necesidades de financiación no son atendidas, a pesar de que ha aumentado la población, un 6,1%, y la recaudación fiscal, un 40%, en solo dos años.
Actualmente, el Gobierno de España debe 221 millones de euros a los municipios de la provincia de Castellón y, de ese dinero que se adeuda, en el caso de la Diputación, son más de 105 millones de euros. Por lo que, ante esta situación, desde la institución provincial van a seguir alzando la voz e "instamos al ejecutivo central a incrementar la participación de los Ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de la provincia en la misma proporción en que ha crecido la recaudación del Estado en nuestra provincia".
Además, a través de la moción presentada para su aprobación en el pleno, la Diputación reclama al Gobierno a realizar el pago de las cantidades que adeuda a las entidades locales de Castellón. "Una exigencia de justicia, ya que la situación financiera de nuestros ayuntamientos es insostenible", ha destacado Marta Barrachina.
"Alzamos la voz por nuestra tierra, por nuestros 135 municipios y por los más de 625.000 castellonenses", ha insistido la presidenta, quien ha hecho hincapié en que "reclamamos lo que es nuestro". "Castellón no pide más que nadie, pero tampoco menos. Y seguiremos defendiendo nuestro territorio con determinación".
La propuesta de acuerdo también incluye la solicitud, una vez más, de una reunión con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle la grave situación que viven los ayuntamientos de Castellón.
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