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La Diputación de Castellón licita el contrato para la instalación de cámaras de control de tráfico en municipios de menos de 5.000 habitantes

La institución provincial abre el proceso de licitación del contrato que asciende a 4,4 millones de euros y cuyo plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de septiembre

Gabinete de prensa Diputación Provincial | 12-08-2026

“Licitamos para que los pequeños municipios tengan las mismas oportunidades en seguridad y gestión inteligente del territorio”, señala Marta Barrachina.

“Licitamos para que los pequeños municipios tengan las mismas oportunidades en seguridad y gestión inteligente del territorio”, señala Marta Barrachina.

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La Diputación de Castellón licita el contrato para la instalación de cámaras de control de tráfico en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La institución provincial ha abierto el proceso de licitación del contrato para la instalación de cámaras en 115 municipios. Un contrato que asciende a 4,4 millones de euros y cuyo plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 17 de septiembre.

"Con la licitación del contrato activamos la cuenta atrás para dotar a los pueblos pequeños de las mismas oportunidades y herramientas que tienen grandes municipios en materia de seguridad, prevención y gestión inteligente del territorio", ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

El proceso de licitación se ha iniciado antes de cumplirse dos meses de la presentación del plan 'Una provincia protegida', dirigido a los municipios de menos de 5.000 habitantes y que permitirá ofrecer una supervisión eficiente y automática de las entradas y salidas de los núcleos urbanos.  Todo ello mediante una tecnología avanzada, plenamente respetuosa con la privacidad de los ciudadanos y ajustada a la normativa vigente.

Para la elaboración del plan, la Diputación de Castellón, a través del área de Ingeniería con el diputado José María Andrés al frente, trabajó en un estudio de evaluación previa y, junto a una empresa especializada, se recorrió pueblo por pueblo, toda la provincia, detectando los accesos clave, analizando las necesidades específicas de cada municipio y se determinó la mejor solución técnica para cada caso.

En este proyecto en el que se alía la Diputación y los ayuntamientos, la institución provincial es la encargada de asumir la redacción de los proyectos técnicos a través del Servicio de Ingeniería; asimismo, es la Diputación la que se encargará de financiar, contratar y ejecutar la totalidad de las instalaciones, así como facilitar la evaluación de impacto en protección de datos y gestionar de manera integrada la plataforma SmartVillages. Además de ello, la institución provincial ofrecerá la posibilidad de disponer de un servicio de mantenimiento integral garantizado durante cinco años.

Tras la aceptación de los 115 ayuntamientos de su inclusión al plan, ahora se ha iniciado el proceso de licitación y, como ha expresado el diputado de Ingeniería, José María Andrés, "el objeto del contrato es idóneo ya que integra en una sola licitación la redacción del proyecto, el suministro y la instalación, asegurando la coherencia técnica desde el diseño hasta la ejecución".

El diputado provincial ha continuado explicando que el contrato se divide en tres fases sucesivas y complementarias, "siendo la primera la redacción de proyectos ejecutivos, la segunda el suministro de equipamiento y la tercera la instalación y configuración".

El contrato se ha dividido en dos lotes. La zona norte (lote 1), cuenta con un presupuesto de 2.571.623,97 euros (IVA incluido), engloba 57 municipios. Mientras que la zona sur (lote 2) tiene un presupuesto que asciende a 1.828.002,59 euros (IVA incluido) e incluye 58 municipios. "Se estima la actuación sobre un total de 237 viales de acceso con un despliegue máximo de 451 cámaras inteligentes", ha añadido José María Andrés quien ha incidido en que "impulsamos un plan ambicioso y con el que demostramos la apuesta firma de este Gobierno Provincial por atender las necesidades reales de nuestros municipios, sobre todo los más pequeños".

Con todo, el propósito fundamental del contrato es dotar a las entidades locales de menor capacidad, de una herramienta tecnológica eficaz para el control de flujos de tráfico, la gestión de accesos y la disciplina viaria en entornos donde la vigilancia continua es difícil debido a la dispersión geográfica.

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