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"El bienestar social está en el centro de nuestra acción de gobierno y por ello reforzamos la financiación del Contrato Programa, un instrumento clave para garantizar los servicios sociales en municipios y mancomunidades", ha afirmado Marta Barrachina
La Diputación de Castellón garantiza la prestación de los servicios sociales de atención primaria a ayuntamientos y mancomunidades con la financiación de 22 Contratos Programa.
La institución provincial destina más de 5,8 millones de euros a financiar el Contrato Programa para 2026, en el que se incluyen adendas destinadas a 11 entidades locales con el fin de seguir fortaleciendo la red provincial de servicios sociales de atención primaria.
"El bienestar social está en el centro de nuestra acción de gobierno y, dentro de la hoja de ruta marcada, reforzamos la financiación al Contrato Programa, un instrumento indispensable para regular la financiación en los municipios y mancomunidades para la prestación de servicios sociales", ha expresado la presidenta Marta Barrachina.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha remarcado la importancia de los contratos programa con ayuntamientos y mancomunidades, que cubren servicios básicos en 123 municipios de la provincia. Concretamente, la institución provincial tiene contratos con 9 municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes y 13 mancomunidades, "garantizando así la prestación de los servicios sociales básicos en gran parte del territorio provincial".
Las adendas aprobadas este año suponen un incremento de la financiación provincial de más de cerca de 182.000 euros "y tienen como finalidad reforzar equipos profesionales de los servicios sociales de atención primaria mediante la ampliación de personal técnico y la incorporación, en aquellos casos en que era necesario, del complemento de coordinación/dirección", ha explicado la diputada responsable del área de Bienestar Social, Marisa Torlà. En total, las adendas benefician a 11 entidades locales (6 mancomunidades y 5 ayuntamientos) "y permiten seguir fortaleciendo la red provincial de servicios sociales de atención primaria", ha incidido la diputada provincial.
En este punto, Marisa Torlà ha explicado que el Contrato Programa tiene una vigencia de cuatro años, del 2025 al 2028, con la posibilidad de prórroga; "al contar con un contrato plurianual permite que los ayuntamientos y mancomunidades cuenten con el mismo personal para poder planificar, organizar y dirigir los servicios sociales pensando más a largo plazo", ha indicado la diputada provincial, quien ha añadido que "el Contrato Programa incluye servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo las personas mayores y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que forman parte del alma de la provincia y desde la Diputación de Castellón aunamos esfuerzos y trabajamos cada día por darles el apoyo que merecen".
El contrato programa tiene por objeto concretar los términos en que se realiza la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales, las características de prestación y financiación de los servicios y programas que se incluyan en el mismo, así como establecer los objetivos, las actuaciones, los indicadores, los mecanismos de evaluación y la financiación de los mismos, de forma que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de dichos servicios y programas.
En particular, es objeto del contrato programa la financiación de la contratación de personal del equipo de servicios sociales base, subvencionando la Diputación el 92% del coste total, aportando la entidad local el porcentaje que falta del 8%.
También se incluye la financiación de los importes de las prestaciones y programas de emergencia social y pobreza energética, subvencionando la Diputación el 90% del coste total y aportando la entidad local el 10% restante; las indemnizaciones, subvencionando la Diputación hasta el 100%; y el Programa de Atención Domiciliaria, que engloba el Servicio de Ayuda a Domicilio, el Menjar a Casa y Major a Casa. En este punto, destacar que la institución provincial reforzó el pasado ejercicio la atención domiciliaria en municipios de menos de 10.000 habitantes y, desde el 1 de julio de 2025, asume el 90% del coste de los servicios de Menjar a Casa y Major a Casa para las personas mayores logrando que los usuarios no tengan que realizar ninguna aportación económica por los servicios que reciben.
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