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La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España que garantice la autonomía local y permita utilizar los recursos propios para inversiones
El Gobierno Provincial impulsa una moción para instar al Gobierno Central que modifique la legislación y permita a las administraciones locales poder utilizar los recursos propios en favor de servicios y mejoras para el bienestar de la ciudadanía
Gabinete de prensa Diputación Provincial | 21-04-2025
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Marta Barrachina: "La falta de Presupuestos Generales del Estado entorpece la situación financiera de quienes nos esforzamos por mantener un control del gasto para tener unas cuentas saneadas."
La Diputación de Castellón va a exigir al Gobierno de España que preserve y garantice la autonomía local y permita utilizar los recursos propios para inversiones.
El Gobierno Provincial ha impulsado una moción para su aprobación en pleno y con el fin de instar al Gobierno Central que modifique la legislación y permita a las administraciones locales poder utilizar los recursos propios en favor de servicios y mejoras para el bienestar de la ciudadanía.
"La falta de Presupuestos Generales del Estado entorpece la situación financiera de quienes nos esforzamos por mantener un control del gasto para tener unas cuentas saneadas. Y, además, tiene como principales damnificados a la ciudadanía ya que afecta directamente a la gestión de los servicios públicos de sus municipios", ha lamentado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
La dirigente provincial ha incidido en que "esta Diputación defiende lo local exigiendo responsabilidades al Gobierno de España" y, en este caso, "no podemos permitir que una decisión arbitraria conlleve a que las administraciones sean castigadas y no puedan emplear el superávit a inversiones en sus municipios".
Como se expone en la moción que será debatida en el pleno ordinario del mes de abril que tendrá lugar este martes 22, la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su obligación de presentar unos Presupuestos Generales para 2025 tiene como principales perjudicados a los ciudadanos, porque afecta directamente a la capacidad de gestión de los servicios públicos en los pueblos y las ciudades. Ahora las entregas a cuenta ya no son ese 13% más que anunciaron al inicio del año, lo que conlleva que los ayuntamientos van a recibir 1.200 millones de euros menos. Al problema de esa minoración de los ingresos del estado que van a recibir los consistorios, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha decidido que el superávit ya no se va a poder invertir en los pueblos y ciudades en inversiones sostenibles financieramente. Sólo lo van a poder destinar a la deuda, sin embargo, hay que resaltar que hay ayuntamientos que no tienen deuda. "Su incumplimiento con los ciudadanos ante la ausencia de presupuestos tiene graves consecuencias sobre nuestra provincia. No solo nos niegan inversiones, sino que además secuestran nuestra autonomía", ha expresado Marta Barrachina, quien ha incidido que "estamos hablando de recursos propios, de dinero que ya está en nuestras arcas y que va destinado a las mejoras de los municipios, a sus calles, espacios públicos, centros sociales o servicios esenciales". "Es incomprensible que el Gobierno imponga cómo utilizar los recursos propios a un ayuntamiento o a una diputación", ha reiterado la dirigente provincial.
Por todo ello, a través de la moción presentada para ser debatida en pleno, la Diputación de Castellón instará al Gobierno de España a actualizar y revisar la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para permitir a las entidades locales utilizar los ahorros para que puedan atender sus necesidades.
La propuesta de acuerdo también incluye instar al Gobierno de España a que adopte de forma urgente medidas legislativas que permitan a los gobiernos locales recibir, con carácter urgente, las entregas a cuenta por su participación en los tributos del Estado (PTE) que fueron anunciadas a la FEMP en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada el pasado julio. En conjunto, se reclaman 28.935 millones para 2025. Asimismo, a través de la moción se instará al Gobierno de España a convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Administración Local.
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