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Folgado: "El plenario muestra su apoyo a los más de 43.000 trabajadores autónomos de la provincia, a quien el Gobierno de España mantiene sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local"
La Diputación Provincial de Castellón exige al Gobierno de España las inversiones necesarias para la provincia y que deje de castigar a los trabajadores autónomos.
El pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre y celebrado este martes ha aprobado dos mociones impulsadas por el equipo de Gobierno Provincial que incluyen reivindicaciones al Gobierno Central con el fin de que la provincia en su conjunto pueda seguir avanzando.
La sesión ha comenzado con un minuto de silencio como muestra de condena al último asesinato machista en Catarroja.
Por un lado, el pleno, con los votos a favor del Gobierno Provincial y el grupo Vox y la abstención del PSOE y Compromís, ha aprobado una moción con el fin de exigir al Gobierno de España unos Presupuestos Generales para 2026 que contemplen las inversiones necesarias para que la provincia de Castellón pueda progresar.
"Somos conscientes que hacen falta esos Presupuestos Generales del Estado y por ello seguiremos alzando la voz y reivindicando para que se aprueben los presupuestos y se cumpla con un mandato que es constitucional", ha expresado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.
Desde el Gobierno Provincial inciden en que mientras en la Diputación se ha aprobado el Presupuesto 2026 para su entrada en vigor en tiempo y forma, desde el Gobierno de España siguen sin un proyecto de presupuesto para el próximo año, lo que supone un perjuicio directo para la provincia de Castellón.
El diputado Sergio Toledo ha incidido en que "los Presupuestos Generales del Estado son el instrumento fundamental de planificación económica: fijan objetivos, asignan recursos y permiten el desarrollo de políticas públicas. Su prolongada ausencia bloquea inversiones, paraliza proyectos y resta competitividad al conjunto del país". Por tanto, no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para la provincia de Castellón no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones. Destacan las inversiones necesarias para la prevención de inundaciones, la regeneración del litoral castellonense o las actuaciones estatales de prevención de inundaciones. También se requieren las ayudas para sectores clave de la provincia como el cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca. Y, en materia de mejora de infraestructuras se enmarcan los accesos pendientes en la AP-7 en municipios como Benicàssim, Vila-real y Vinaròs, así como la prolongación de la A-7 hacia el norte, vital para la vertebración provincial; además de mejoras en carreteras estatales y en cuarteles de la Guardia Civil, entre otros temas vitales para el desarrollo y progreso de la provincia.
"A ello se suma que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado impide actualizar correctamente las entregas a cuenta a los ayuntamientos, limitando su capacidad para prestar servicios, afrontar problemas y promover oportunidades en sus municipios", ha añadido Sergio Toledo.
Con todo, a través de la propuesta de acuerdo de la moción, la institución provincial insta al Gobierno de España a presentar, sin mayor dilación, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en el que se incluya la financiación necesaria para acometer los proyectos que tiene pendientes la provincia de Castellón y que son necesarios.
Apoyo a los autónomos de la provincia
El pleno de la Diputación también ha mostrado su apoyo a los trabajadores autónomos, "a quien el Gobierno de España mantiene sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local", ha expresado la vicepresidenta y responsable del área Económica, María Ángeles Pallarés. La moción ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de Gobierno Provincial y el grupo Vox, y la abstención del PSOE y Compromís, y por la que la institución provincial se posiciona al lado de los más de 43.000 autónomos de la provincia de Castellón. Muchos de ellos son pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales y emprendedores que sostienen buena parte del tejido económico y social de la provincia.
A través de la propuesta de acuerdo, la Diputación Provincial manifiesta su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos 7 años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa. Desde la institución provincial instan al Gobierno de España a cumplir los compromisos adquiridos con los trabajadores autónomos en 2023, impulsando de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, y estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.
Además, la Diputación de Castellón exige al ejecutivo central la aplicación, de forma inmediata, del régimen de franquicia de IVA previsto por la Directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo.
El compromiso de impulsar medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización también forman parte del acuerdo suscrito a través de dicha moción en la que, a su vez, se insta al Gobierno de España a flexibilizar los requisitos que se exigen para poder acceder al cobro de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Por otro lado, el consenso ha estado presente en el pleno de este martes en la aprobación del Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Diputación Provincial de Castellón para el desarrollo del Centro de Innovación Territorial. Entre los objetivos de los CIT se incluyen, entre otros, desarrollar un diagnóstico, detectando fortalezas y debilidades, fijar objetivos y desarrollar una estrategia de actuación para alcanzarlos, adaptada a las peculiaridades de cada territorio; dinamizar el tejido socioeconómico en las zonas afectadas por fenómenos de despoblación; y fomentar la creación, retención y atracción de talento y apoyar el emprendimiento.
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