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La Diputación de Castellón defiende a los pescadores y exigirá al Gobierno de España eliminar las cargas burocráticas que dificultan la labor de la flota de bajura
El Gobierno Provincial pide eliminar el preaviso de entrada a puerto para la flota de bajura
Gabinete de prensa Diputación Provincial | 18-01-2026
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“Necesitamos que el Gobierno defienda la flota y corrija el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, o muchas embarcaciones no podrán seguir faenando”, subraya Andrés Martínez.
La Diputación Provincial de Castellón alza la voz en defensa de los pescadores y exigirá al Gobierno de España eliminar las cargas burocráticas que dificultan la labor de la flota de bajura.
El Gobierno Provincial ha presentado una moción para su aprobación en el pleno del próximo martes, 20 de enero, con el fin de instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España a eliminar el preaviso de dos horas y media de entrada a puerto a la flota de bajura.
"La protección de nuestra pesca debe ser una prioridad absoluta. Necesitamos que el Gobierno defienda la flota y haga todo lo posible para corregir el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, porque si no se corrige, muchas embarcaciones no podrán seguir faenando", ha subrayado el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Pesca, Andrés Martínez.
El vicepresidente provincial ha criticado la nueva normativa impuesta por la Comisión Europea para los buques faeneros, asegurando que "es inasumible" para la flota de bajura. Y es que, tal y como ha explicado el responsable del área, la pesca mediterránea no opera con grandes mareas, ni tampoco con jornadas alejadas del puerto, sino con salidas y entradas de proximidad, con cambios condicionados por el estado del mar, el tiempo, la seguridad y la propia dinámica de las capturas.
"No tiene ningún sentido que una embarcación que faena muy cerca del puerto, a media hora, tenga que avisar con más de dos horas de antelación sobre su llegada al puerto. Esta medida supone una nueva carga burocrática para la flota de bajura, alejada de la realidad del día a día en el mar Mediterráneo", ha señalado el vicepresidente provincial.
Sin duda, las nuevas obligaciones incrementan la carga administrativa y dificultan más todavía el trabajo diario de las embarcaciones, que tendrán que dejar de pescar durante esas dos horas y media. Desde el 10 de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impone un preaviso electrónico obligatorio de dos horas y media antes de la entrada a puerto para los buques pesqueros de doce metros o más.
Además, el nuevo marco elimina el umbral de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, obligando a anotar cada especie desde el primer kilo capturado. Es por ello que el Gobierno Provincial, a través de la moción, también insta al Ejecutivo central a restablecer el umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas.
"Antes, solo tenían que informar de las capturas que superaban los 50 kilos por especie, ahora deben registrar absolutamente todo, desde el primer kilo que pescan", ha indicado Andrés Martínez, quien ha denunciado un exceso de trabas y burocracias.
"La pesca es un pilar fundamental de nuestra identidad y de la economía provincial, y no podemos permitir este nuevo reglamento de control de la pesca que, en lugar de ayudar a la flota, viene a burocratizar aún más, si cabe, un sector ya difícil de por sí", ha indicado Andrés Martínez.
En este sentido, el vicepresidente de la Diputación de Castellón ha alertado de que la combinación de ambas exigencias supone una nueva carga burocrática que "desplaza al patrón y a la tripulación de su trabajo para realizar una carga administrativa desproporcionada y con el riesgo añadido de sanciones por errores formales y no por infracciones materiales".
La nueva norma, tal y como ha insistido Andrés Martínez, "no facilita la pesca sostenible, sino que incrementa la carga administrativa y genera incertidumbre entre los pescadores". Por ello, "desde la Diputación de Castellón reivindicamos una política pesquera que combine sostenibilidad con viabilidad económica, apoyo a la modernización de la flota y un marco normativo realista". "Pedimos flexibilizar las exigencias y adaptarlas a la realidad del sector", ha concluido.
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