España: "Marco retoma el sistema recaudatorio de las cámaras del centro justo cuando el comercio trata de remontar las pérdidas por la pandemia"

España: "Ni ha habido campaña informativa previa, ni una página web para informar al respecto, solo el interés de seguir vaciando el bolsillo de los castellonenses"

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"Con la activación, en apenas 15 días, de las cámaras del centro se avecina otro palo en la rueda, un obstáculo más, para el comercio local en la senda de la recuperación económica". Así se ha pronunciado la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón María España respecto a la puesta en marcha, de nuevo, el 1 de noviembre del sistema recaudatorio que suponen las cámaras de videovigilancia que restringen el acceso de vehículos al casco histórico.

La edil Popular que junto a la concejala del PP Susana Fabregat ha visitado a los comercios del centro intensándose por su situación y por cómo afrontan la desescalada insiste: "La alcaldesa Amparo Marco retoma el sistema recaudatorio de las cámaras del centro justo cuando el comercio trata de remontar las pérdidas por la pandemia". Y lo hace "sin que nada haya cambiado desde abril, cuando la presión social, ejercida en gran parte por el comercio local, obligara a la alcaldesa a desactivarlas, por la cantidad de quejas recibidas, por el elevado coste de las multas de 200 euros y por la cantidad de sanciones impuestas", aclara.

"Ya advertimos de las dificultades que entraña este sistema con mero fin recaudatorio a los proveedores, empresas de servicios, residentes, hostelería creando un efecto rechazo entre los potenciales clientes que no beneficia a los comercios, pymes y autónomos del centro. Más de 16.400 multas y 3,2 millones de euros en sanciones en solo dos meses ha sido el resultado de unas cámaras que insistimos, deberían apagarse para siempre"

Desde abril a hoy, "el equipo de gobierno municipal ha sido incapaz de desarrollar una campaña informativa previa más allá del apercibimiento a los conductores que acceden al centro sin autorización. Y tampoco han aprobado una ordenanza municipal que permita rebajar el coste de las sanciones, como prometieron, ni siquiera han activado una página web específica para formular quejas, solicitar tarjetas y realizar gestiones relacionadas con el servicio. Y, por supuesto se mantiene el interés del equipo de gobierno en seguir vaciando el bolsillo de los castellonenses a cuanta de las multas.", apunta.

En este sentido y con la experiencia del fracaso y el abuso que supuso este sistema mientras estuvo en vigor, España recuerda: "Ya advertimos de las dificultades que entraña este sistema con mero fin recaudatorio a los proveedores, empresas de servicios, residentes, hostelería creando un efecto rechazo entre los potenciales clientes que no beneficia a los comercios, pymes y autónomos del centro. Más de 16.400 multas y 3,2 millones de euros en sanciones en solo dos meses ha sido el resultado de unas cámaras que insistimos, deberían apagarse para siempre para no perjudicar a quienes tratan de salvar sus negocios".

A su juicio, "lo que menos necesitan los comercios, la hostelería, la restauración, las pymes, los autónomos y los vecinos en general es que les vuelvan a freír a multas con un sistema que ha demostrado que perjudica más que beneficia a la ciudad y al bolsiyo del contribuyente. Lo que sí ayudaría es bajar impuestos, como venimos reclamando desde el Partido Popular desde la anterior legislatura y centrar todos los esfuerzos en políticas que fomenten la creación de empleo y eviten el cierre definitivo de más negocios que han sido el sustento de muchas familias hasta que se lo llevó por delante la crisis económica que ha traído esta pandemia".

"Insistimos y lo volveremos a hacer las veces que sea necesario, Amparo Marco debe apagar las cámaras definitivamente para no revivir la problemática de principio de año, cuando estuvieron en funcionamiento; para dar oxígeno a todos los que de manera directa o indirecta se ven afectados por este sistema de cámaras sancionador con multas que son una auténtica barbaridad por su elevado importe, 200 euros, y porque supone generar más trabas que lastran la tan necesaria recuperación económica", concluye María España.