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El alcalde de Burriana confía en que la iniciativa aprobada en el Senado para cortar suministros a viviendas ocupadas ilegalmente prospere en el Congreso
El consistorio de la capital de la Plana Baixa defiende la necesidad de dotar a propietarios y administraciones de herramientas legales claras frente a la ocupación ilegal
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 12-01-2026
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El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha manifestado su confianza en que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Senado, que plantea clarificar el marco legal para permitir el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente, pueda avanzar y ser debatida en el Congreso de los Diputados.
Desde el consistorio de la capital de la Plana Baixa se considera que la ocupación ilegal de viviendas es una problemática que afecta de manera directa a la convivencia vecinal, a la seguridad jurídica de los propietarios y a la tranquilidad de muchas familias, por lo que resulta fundamental que las administraciones dispongan de herramientas legales claras y eficaces para actuar frente a estas situaciones.
La propuesta aprobada en la Cámara Alta busca evitar que el propietario de una vivienda ocupada de forma ilegal se vea obligado a mantener y sufragar servicios como el suministro de agua, luz o gas, dotando de mayor seguridad jurídica a quienes sufren este tipo de situaciones. El texto se apoya en criterios judiciales ya existentes que avalan este tipo de medidas en casos de usurpación o allanamiento.
En esta misma línea, el consistorio de Burriana está abanderando medidas disuasorias y preventivas para evitar estas conductas ilícitas en la ciudad. El propio Ayuntamiento ya creó a principios de 2024 la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación. Esta oficina de apoyo a propietarios afectados por la ocupación de viviendas está supervisada por un oficial de la Policía Local que asesora a los vecinos de Burriana que hayan sido víctimas tanto de usurpación, allanamiento o incluso por el continuo impago de rentas por parte de un arrendatario, que finalmente se convierte en lo que se conoce como “Inquiocupa”.
Asimismo, a través de la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación, también se ofrece asesoramiento para la prevención de este tipo de conductas delictivas a todo el que esté preocupado porque su vivienda pueda ser ocupada, aconsejando para que no entren okupas y ofreciendo estrategias efectivas para evitar las ocupaciones.
En este sentido, el primer edil ha subrayado la importancia de que el debate parlamentario pueda desarrollarse con normalidad, “porque avanzar en un marco normativo más claro ayudaría a los ayuntamientos, cuerpos de seguridad y a los ciudadanos a afrontar un problema que genera preocupación e incertidumbre en nuestros vecinos”.
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