Los populares recuerdan que el Gobierno central ha asumido el coste en otras comunidades y que la provincia urge una solución viable para los ayuntamientos

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El Partido Popular de la provincia de Castellón ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que el Gobierno asuma el coste de las desaladoras en la provincia de Castellón, tal y como ha ocurrido en Cataluña, sin ir más lejos. Tal y como ha explicado el senador del Partido Popular, Vicente Martínez, "vemos que el Gobierno no avanza en resolver la solución de este conflicto que creó el PSOE con estas infraestructuras".

El senador por Castellón ha puesto de manifiesto la necesidad de que "el Gobierno actúe con lealtad y con responsabilidad con los municipios afectados en la provincia de Castellón por estas infraestructuras". Así las cosas, desde el PP recuerdan que Moncofa y Xilxes en la zona sur de la provincia, y Oropesa, Cabanes y Benicàssim en la zona más norte de Castellón se ven "muy perjudicadas por unos preacuerdos con cláusulas leoninas que los ayuntamientos no pueden asumir".

De hecho, Martínez ha recordado que si en aquel entonces, los Ayuntamientos no apoyaban los convenios que se les puso encima de la mesa en forma de preacuerdo, se les bloqueaba el desarrollo de las localidades, suspendiendo la tramitación de las licencias. "En aquel entonces, los ayuntamientos se vieron atados de pies y manos".

El senador de Castellón ha recordado, además, que "nada tiene que ver las previsiones de crecimiento de aquel momento, con varios proyectos de desarrollo y crecimiento de las localidades, con lo que hay ahora". De ahí que desde el PP "pidamos algo de sentido común y más teniendo en cuenta que no solo ha cambiado el modelo, sino el presente y el futuro del desarrollo urbanístico".

Todo ello con el agravante de que "en otras comunidades el Gobierno ha asumido el coste mientras que aquí no contesta a las peticiones del PP caen en saco roto y esta negativa puede arruinar a los ayuntamientos".

Una situación que, además, "se ve empañada por diferentes informaciones que ponen en tela de juicio el papel del PSOE en todo este proceso ya que la Justicia está investigando si detrás de las desaladoras pudiera haber en realidad un plan de financiación del Partido Socialista".