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El Partido Popular de Burriana lidera la subida de 14 a 90 euros de la tasa del "okupa"
El Pleno actualiza la tasa de los informes de residencia que requieren averiguaciones de la Policía Local, con el voto en contra de Vox
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 28-10-2026
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Monferrer ha reivindicado que el PP ha sido el único partido que se ha preocupado de manera efectiva por la ocupación ilegal y ha traducido esa preocupación en medidas concretas de defensa de los propietarios
El coordinador General del Partido Popular de Burriana, Jorge Monferrer, ha defendido el incremento de 14 a 90 euros de la tasa de los informes de residencia o convivencia que requieren averiguaciones específicas, aprobada en el Pleno de las ordenanzas fiscales para 2027. Dicho documento, lo solicitan aquellas personas que no disponen de título de propiedad y carecen de contrato de alquiler de la vivienda para legitimar la ocupación. La modificación ha planteado adecuar la tarifa al coste real de las actuaciones necesarias para elaborar estos documentos, que habitualmente implican comprobaciones de la Policía Local.
Monferrer ha situado esta medida en cumplir la palabra dada de los populares con la defensa de los propietarios y la gestión responsable de los recursos municipales. "Los vecinos de Burriana no tienen que pagar los costes que generan los okupas. Cuando una persona que ocupa ilegalmente una vivienda solicita un informe que exige visitas y comprobaciones policiales, defendemos que asuma la tasa íntegra correspondiente a ese servicio", ha manifestado, al mismo tiempo que ha lamentado "la falta de apoyo de Vox Burriana para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad".
La actualización ha afectado exclusivamente a los informes de residencia o convivencia que requieren averiguaciones específicas, cuya elaboración implica dedicar tiempo y medios municipales a verificar las circunstancias de la solicitud. El acuerdo no ha supuesto un incremento del resto de las tarifas de certificados y documentos del Ayuntamiento.
"El Ayuntamiento tiene que cumplir sus obligaciones, pero también tiene la responsabilidad de cuidar el dinero de todos. No consideramos justo que el conjunto de los burrianenses tenga que asumir el coste de estas actuaciones cuando están vinculadas a la ocupación ilegal de una vivienda", ha señalado el coordinador General popular.
Defensa de los propietarios
Monferrer ha defendido que la preocupación por la ciudadanía debe traducirse en decisiones concretas dentro de las competencias municipales. "Queremos a Burriana y nos preocupamos por nuestros vecinos, especialmente por quienes sufren que alguien se instale en su propiedad sin su consentimiento. Esas personas necesitan que su Ayuntamiento esté a su lado y defienda sus derechos", ha afirmado.
Desde el PP de Burriana han reivindicado que han sido el único partido que se ha preocupado de manera efectiva por el problema de la ocupación ilegal y por los vecinos afectados, trasladando esa preocupación a medidas concretas dentro de las competencias municipales, como la oficina de asesoramiento para afectados, la adhesión a la red de municipios contra la ocupación y la actualización de esta tasa.
Asimismo, Monferrer ha recordado la adhesión de Burriana a esta red y ha vinculado la actualización de la tarifa con esa posición política. "Estamos en contra de la ocupación y de que alguien se aproveche de los bienes ajenos. Desde nuestras competencias, vamos a seguir defendiendo a los propietarios y una gestión de los recursos públicos que respete el esfuerzo de los ciudadanos", ha indicado.
Rebaja del IBI y bonificaciones
El coordinador General del PP local ha explicado que esta actualización se ha incluido en unas ordenanzas que también han contemplado una nueva rebaja del IBI para 2027 y la ampliación de los límites de renta para acceder a determinadas bonificaciones de familias numerosas, jubilados y pensionistas.
"Donde tenemos margen para aliviar la carga fiscal de las familias, lo hacemos. Y cuando un servicio concreto requiere actuaciones municipales, defendemos que se cobre la tasa correspondiente. Ambas decisiones responden a una misma preocupación: cuidar de nuestros vecinos y gestionar con responsabilidad", ha subrayado Monferrer.
El acuerdo plenario ha fijado en 90 euros la tarifa de los informes de residencia o convivencia por averiguaciones, dentro de la modificación de las ordenanzas fiscales prevista para su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.
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