Vicente Martínez Mus, senador del PPCS, exige al PSOE que el Ministerio de Transición Ecológica reserve los 3 millones de amortización que no figuran en los PGE 2022

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El Partido Popular de la provincia de Castellón reclamará en Madrid una partida de 3 millones de euros para sufragar los gastos de amortización de las desaladoras que hoy siguen siendo un lastre para cinco municipios de la provincia. Lo hará, tal y como ha explicado el senador del PPCS, Vicente Martínez Mus, a través de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que el PSOE ha presentado y que ignoran, una vez más, el lastre económico que provocan estas instalaciones para las localidades de Benicàssim, Oropesa, Moncofa, Xilxes y Cabanes.

Los representantes de estos cinco municipios han detallado a los senadores Vicente Martínez Mus y Salomé Pradas las condiciones de unas infraestructuras “impuestas por el PSOE en su momento y hoy abandonadas”. Los cinco ayuntamientos han aprobado por unanimidad en sus plenos que sea el Gobierno de España el que asuma los gastos de amortización, pero “hoy Sánchez sigue ignorándoles”.

Y “es sangrante que este modelo, que promovió el PSOE, siga hoy ignorado por quienes lo impusieron. Es indignante que hoy Pedro Sánchez siga sin escuchar lo que estos cinco municipios reclaman. Porque el PSOE está ignorando no al PP, sino a sus propios alcaldes, como es el caso de los municipios de Oropesa, Cabanes y Xilxes”.

Asimismo, explica Martínez Mus, “los convenios que se firmaron hace tres años como parche a la falta de inversiones y que planteaban la búsqueda de acuerdos provisionales para buscar usuarios que hicieran viable la explotación de las desaladoras se acercan a su fin sin que el PSOE haya movido un dedo”. Estos convenios, que han permitido a los ayuntamientos demorar el pago de la amortización, “comportarán, una vez extinguidos, la devolución de la carga a los municipios. Y no lo vamos a permitir”.

Exigimos, señala el senador del PPCS, “una acción eficaz y práctica. Garantizar unos consumos que hoy son mínimos, evitar cargas indebidas a los municipios y soportar, desde el Gobierno de España, unos costes energéticos disparados”. En definitiva, “asumir desde el Ministerio de Transición Ecológica la patata caliente en la que el PSOE ha convertido a las desaladoras. Las instalaciones que ellos impusieron y hoy desean olvidar a costa de cargarlas a quienes nunca las reclamaron”.