La comisión de ganadería advierte la necesidad de ampliar los plazos para cumplir el Real Decreto 306/2020 y así poder acometer las mejoras en explotaciones de porcino y no perder subvenciones.

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El Partido Popular de Castellón ha reclamado, a través de su vicesecretario y responsable de la comisión de ganadería, David Vicente, la urgencia de establecer “plazos ágiles y diligentes en la administración para que la apertura o la ampliación de nuevas explotaciones ganaderas no quede bloqueada”. Así lo ha demandado el diputado provincial del PPCS quien considera “fundamental blindar una actividad que es sinónimo de riqueza y empleo para miles de familias de nuestra provincia”.

Un sector, el ganadero, que es “emblema de calidad, garantía de trabajo y sinónimo de oportunidades para el interior”. Y cuya realidad, explica David Vicente, “es que tarda años en obtener todos los trámites para poder poner en marcha una explotación o para poder recibir la autorización que le permita ampliar instalaciones necesarias para evitar el cierre”.

Este “aparato burocrático” que “entendemos que es necesario”, “no puede ser un gigante con pies de barro que acaba desesperando a los profesionales que recurren a él para poder ampliar una granja o mejorar una actividad”. “Por ello pedimos esa sensibilidad a quienes hoy gobiernan, porque entorpecer estos trámites provoca desesperación, conduce al cierre de actividades y, por ende, priva al territorio de empleo y oportunidades de futuro”.

En esta misma línea, Vicente ha reclamado “plazos más laxos” para poder cumplir con el Real Decreto 306/2020 . “Los profesionales son conscientes de su obligación, pero el Gobierno de España debería ser consciente de la crisis en la que nos encontramos como consecuencia del incremento del precio de los carburantes y la subida de los costes de las materias primas”.

Es por ello, señala el vicesecretario del PPCS, que “reclamamos una moratoria que permita a las explotaciones de porcino realizar estas inversiones en plazos más desahogados para poder hacer frente a los costes derivados de esta mejora”. “No es que no se quiera invertir en la adecuación de las instalaciones que la normativa obliga, es que la situación económica es complicada y hacer frente a este desembolso se presume en estos momentos muy crítico”.