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El PSOE congela las transferencias mientras sube un 50% la recaudación y Castellón crece un 6,1% en población
El PPCS de la provincia de Castellón movilizará a los 135 municipios que conforman el territorio para exigir al Gobierno de España el pago de más de 200 millones de euros que Pedro Sánchez retiene y que “son de todos los castellonenses”.
Así lo ha expuesto el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha defendido la iniciativa que la líder del PPCS, Marta Barrachina, defenderá en la Diputación de Castellón. “Por un lado, exigimos que se actualice la participación de las administraciones locales en los tributos recaudados por el Estado atendiendo a la recaudación real de impuestos, que ha crecido un 50% desde 2023, y al incremento poblacional, que supera el 6,1%”.
Por otro lado, expone Aguilella, “reclamamos una revisión de las reglas fiscales para adaptarlas a la situación actual, permitiendo más capacidad de inversión a las entidades locales. Y exigimos con carácter urgente la reforma del sistema de financiación local, paralelo al autonómico, tal y como demanda la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en un acuerdo alcanzado por unanimidad”.
En la actualidad, tal y como relata el número dos del PPCS, “el castigo que el Gobierno de España ejerce sobre la provincia es injusto”. El presidente socialista retiene más de 200 millones de euros -105 millones de Diputación y más de 100 de los 135 municipios de la provincia- que legalmente “nos corresponden”. “Es dinero de los castellonenses, y Sánchez lo bloquea para sus propios fines”, señala Aguilella. Y “esta deuda”, expone el número dos del PPCS, “supone una merma de recursos que deberíamos destinar a mejorar los servicios que reciben los vecinos o a infraestructuras”.
La orden del Tribunal de Cuentas
El PPCS recuerda que desde la FEMP y desde las Cortes Generales también han exigido al Gobierno de España el pago de los fondos. “El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado por la Comisión Mixta del Congreso y del Senado, publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el 19 de agosto, ha confirmado que el Gobierno no actualiza correctamente las entregas a cuenta”.
Además, también se exige al Ejecutivo la prórroga de la disposición adicional que permitía a los ayuntamientos destinar su superávit a inversiones sostenibles, como sí se hizo en años anteriores. “No permitir esta opción está provocando graves problemas en muchos municipios”.
Y frente a estas zancadillas del PSOE, “las soluciones del PP”. El pasado 6 de mayo, la mayoría de alcaldes de la provincia ya trasladaron al Gobierno de España propuestas conjuntas para paliar esta infrafinanciación. “A día de hoy, seguimos sin respuesta”. “Como tampoco ha recibido ninguna reacción la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, que sigue esperando a Sánchez y a la ministra Montero”.
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