PSOE y Compromís se ponen de perfil ante la iniciativa del PP para rebajar costes, exonerar pagos de la Seguridad Social, cánones de explotación y ocupación de lonjas, así como aplazar a 2030 la aplicación del Reglamento Europeo

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El Partido Popular de Castellón ha defendido hoy en comisión informativa en Diputación a las más de 500 familias de la provincia que dedican su vida a la pesca. Lo ha hecho reivindicando la necesidad “de adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de tantos trabajadores que viven de la pesca y que hoy llevan diez días sin salir a faenar. Ante esta situación de absoluta inestabilidad y ruina no podemos seguir de brazos cruzados”.

Lo ha reclamado el diputado provincial del PPCS y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, que conoce de primera mano “las dificultades y asfixia que están sufriendo cientos de familias desde Vinaròs a Burriana”. “Todos estos puertos pesqueros de nuestra provincia que son el orgullo de nuestro territorio tienen sus barcos amarrados desde hace más de una semana. Y día que pasa sin salir a faena es un día de jornal que se pierde y la hipoteca, las facturas y los gastos caen sí o sí a final de mes”.

En este escenario, “esta institución provincial no puede ponerse de perfil”, ha manifestado el diputado provincial en relación a la abstención con la que el PSOE y Compromís han respondido a la iniciativa del PP para pedir a la Diputación que actúe. “Esta es una propuesta realista, que trata de resolver problemas reales, que hoy son dramáticos, y que trata de implicar a quienes gobiernan en una salida para tantos ciudadanos que hoy no saben cómo harán frente a sus gastos”.

Porque la desorbitada subida de los costes del gasóleo ha llevado a 146 embarcaciones a quedarse amarradas “porque en lugar de ganancias salir a faena provoca pérdidas”. Y en este escenario, “es necesaria la reducción de los impuestos que gravan los hidrocarburos, con el fin de reducir el nivel de precios del gasóleo que utilizan las embarcaciones, así como exonerar de los pagos de la Seguridad Social a los armadores y también los cánones de explotación y ocupación de las lonjas”. Hay que “retrasar a 2030 la aplicación del Reglamento Europeo sobre la pesca de arrastre para el Mediterráneo” y es necesario “el pago inmediato de todas las ayudas pendientes y la demanda para crear una Dirección General de Pesca que se ocupe exclusivamente del sector, sus demandas y sus problemas”. “Soluciones frente a las que lamentamos que PSOE y Compromís se abstengan cuando lo que nos piden los pescadores es firmeza, solvencia y diligencia”.