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La Comunidad Valenciana asume cerca del 80% del coste del sistema de dependencia ante el incumplimiento del Gobierno que debería financiar el 50%
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una Declaración Institucional para el pleno ordinario del mes de febrero con el objetivo de exigir al Gobierno de España que corrija de manera inmediata la grave infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana en el sistema de dependencia y cumpla con su obligación legal de aportar el 50% del coste.
El portavoz del grupo municipal popular, Sergio Toledo, ha denunciado que “una vez más, y ya van demasiadas, para Sánchez financiación justa y Comunidad Valenciana son términos opuestos. No importa el asunto ni la gravedad del mismo, ni siquiera cuando hablamos de un pilar esencial del estado del bienestar como es la dependencia. El Gobierno de España discrimina a los valencianos sin ningún tipo de pudor ni justificación”.
En España, más de 1.500.000 personas tienen reconocida una situación de dependencia, una cifra que seguirá creciendo en los próximos años hasta superar los dos millones en 2030. En la Comunidad Valenciana, actualmente se atiende a 188.000 personas dentro de este sistema, un esfuerzo que recae de forma claramente desproporcionada sobre la Generalitat Valenciana, que asume cerca del 80% del coste total, muy por encima del 50% que establece la ley, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue incumpliendo de forma reiterada su responsabilidad.
Toledo ha advertido de que “esta infrafinanciación acumulada, que ya supera los 4.000 millones de euros, pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema y rompe el principio de igualdad entre españoles, condenando a los valencianos a recibir un trato injusto por parte del Gobierno central”.
Asimismo, ha denunciado el agravio comparativo que sufre la Comunidad Valenciana: “Somos una de las autonomías peor financiadas en materia de dependencia, mientras Sánchez sí ha alcanzado acuerdos con otras comunidades como el País Vasco o Cataluña para avanzar hacia el 50% que marca la ley. Este trato desigual nos perjudica gravemente y nos sitúa, una vez más, como ciudadanos de segunda”.
Toledo ha querido terminar instando a la Generalitat Valenciana “a continuar incrementando la creación de recursos sociales y sociosanitarios, garantizando una atención digna, próxima y de calidad para las personas mayores”.
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