La medida propulsada por el Partido Popular permitirá que los vecinos cuenten con un servicio “que vele por sus intereses y por el mantenimiento de sus casas”

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“El Partido Popular ha logrado que los vecinos de Torre la Sal puedan contar con un servicio jurídico que vele por sus intereses y por el mantenimiento de sus casas”, asegura el diputado Andrés Martínez, quien anuncia que la Diputación ha aceptado la propuesta que formaba parte de la moción presentada por los populares la pasada semana. “De esta manera no se encontrarán indefensos ante la decisión de derribar unas construcciones que forman parte de la historia, de la cultura y hasta del paisaje de nuestra provincia”, puntualiza.

Según explica Martínez, esta iniciativa es “la muestra más clara del sólido compromiso del Partido Popular no solo con los vecinos de Torre la Sal, sino con la de todos los poblados marítimos de nuestro litoral que están en peligro por estar construidos sobre terrenos que Costas considera que son de dominio público marítimo-terrestre”.

Por tal motivo, el Partido Popular ha solicitado a la Diputación de Castellón que inste al Gobierno de España a que modifique la ley de Costas que amenaza la supervivencia de estos núcleos “y que, además de otras consideraciones, se valore y respete las singulares características culturales, históricas y etnológicas de todos estos poblados, como es el caso, además de Torre la Sal, de Nules, Almenara, Xilxes, Moncofa y la Llosa”.

En la moción, el Partido Popular reclama, precisamente, que todos estos poblados marítimos ·”sean considerados núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; o bien que  estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico”.

“Por lo tanto, todos estos poblados deberán ser excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección”, matiza Andrés Martínez.