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El PP de la provincia de Castellón exige blindar los 70.000 empleos que la cerámica sostiene en la provincia tras el nuevo revés de Sánchez al sector
El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, lamenta que el gas, básico para el azulejo, siga sin bonificaciones por parte del Gobierno de España. “El incremento registrado tras el inicio de la guerra no ha tenido ninguna compensación del Estado”
Gabinete de prensa del PP de Castellón | 01-10-2026
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El PPCS se ha movilizado desde Diputación, Consell, Congreso, Senado y Parlamento Europeo para garantizar soluciones realistas que faciliten la descarbonización. “El sector está comprometido con la electrificación, pero el PSOE les excluye a conciencia”
El castigo que el Gobierno de España ha impuesto nuevamente al sector cerámico tras quedar excluido de su decreto de ayudas, “genera incertidumbre a las 70.000 familias que se emplean directa o indirectamente en nuestra provincia. Y lo que pedimos al PSOE es que ayude, no castigue”.
Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, ha hecho estas valoraciones tras la renovación de las medidas que el Consejo de Ministros aprobó este martes y que “de nuevo constatan la exclusión de la cerámica”. “Una bofetada al sector que nos hace daño a todos, porque el azulejo es empleo y bienestar para nuestra tierra”.
Para el secretario general del PPCS, “no bonificar el gas, cuando se ha duplicado su precio y han caído las exportaciones, está tensionando un sector que no descarta paradas para poder asumir costes”. “El PSOE atenta contra un pilar económico para nuestra tierra, que desea avanzar hacia la descarbonización pero de una forma regulada y sensata, con el apoyo de un Gobierno de España que cada vez más demuestra lo poco que le importa el azulejo”, ha explicado Aguilella.
Y este escenario impacta directamente contra 70.000 castellonenses que de forma directa o indirecta “se emplean en el sector. Un vector que representa más del 32,2% del Producto Interior Bruto provincial”. En este sentido, “nuestra defensa no es solo a nivel local o provincial, la exigencia la ejercemos desde la Generalitat Valenciana, el Congreso, el Senado y la Unión Europea. Y siempre de la mano de los profesionales”.
Porque tal y como ha relatado Aguilella, “tratar de asfixiar a un sector que es garantía de bienestar para miles de familias es impropio de un Gobierno que gestiona por el bien de sus ciudadanos. Es necesario un cambio de políticas que afronten los desafíos con soluciones y no imponiendo zancadillas que solo provocan tensión e incertidumbre”.
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