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Los derechos de emisión, la cogeneración y el acuerdo de la UE con la India sitúan al sector en una situación delicada. “Hay salida y en el PPCS estamos decididos a conseguirla”, indica la portavoz
El Partido Popular de Cabanes ha registrado para su debate el próximo mes de marzo una iniciativa que pretende frenar el castigo que Pedro Sánchez ejerce sobre el sector cerámico de la provincia. “Esta industria es un motor de empleo y riqueza para nuestra población. Es garantía de ocupación y bienestar para nuestros vecinos. No queremos que se hunda, como parece haberse propuesto el Gobierno de España, queremos que tenga larga vida, porque su éxito será el de Cabanes”.
Así lo ha manifestado la portavoz del PP en la localidad, Lucía García, quien estima que la población “debe trasladar al Ejecutivo que este sector es vertebral en nuestra economía. Cientos de vecinos se emplean en esta industria que garantizas nómina a muchas familias de Cabanes. No podemos darles la espalda”.
Y es por ello que en el PP han registrado una iniciativa que defiende las soluciones “realistas y eficaces” que reivindica el sector y que “el presidente del Gobierno de España debe asumir para no dejar caer esta médula económica de nuestra población, de la provincia, de la Comunitat Valenciana y de España entera”, expone la regidora.
La iniciativa establece la urgencia de aprobar un Plan de Emergencia definido en cuatro pilares. El primero el de la compensación de los costes climáticos que además aseguren la financiación europea para avanzar en la descarbonización “desde el sentido común, garantizando la compatibilidad del proceso con la actividad industrial y el empleo”.
El segundo de los ejes es el que obliga de manera urgente a frenar la competencia desleal, atendiendo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India. “No queremos pactos que atenten contra nuestra industria. Es obligatorio establecer cláusulas de salvaguarda que protejan la producción, el empleo y la inversión”.
En tercer lugar, la cogeneración exige subastas urgentes de hasta 1.200 MW en 2026 y autorizar una prórroga de la retribución para las plantas que han agotado su vida útil regulatoria hasta que se resuelvan estas subastas.
Y por último, en cuarto lugar, urge la revisión de los derechos de emisión del CO2. “Somos los más eficientes en consumo energético y de emisiones por metro cuadrado producido. Y este éxito no puede ser penalizado sin habilitar alternativas tecnológicas que hoy por hoy no se han producido”. Por eso, “antes de cargar una factura medioambiental inasumible e injusta, hay que establecer las alternativas para que el sector siga siendo viable económicamente”.
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