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El Partido Popular de l'Alcora ha presentado una moción de cara al Pleno del próximo 30 de abril para proponer que el Ayuntamiento de l´Alcora respalde una proposición de ley orgánica que combata la ocupación ilegal de las viviendas y defienda la protección de las personas y sus propiedades. Esta iniciative surge ante la proliferación de la 'okupación' de viviendas particulares y la desprotección que sufren los legítimos propietarios de éstas.

Vicente Mateo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de l'Alcora, ha señalado que "es una buena oportunidad para que el equipo de Gobierno de l'Alcora demuestre que está al lado de los vecinos que viven en el pueblo y que han comprado sus casas haciendo un gran esfuerzo. Todos conocemos de casos en los que los propietarios de una vivienda se han visto desprotegidos, son cientos cada año en la provincia, por lo que el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de estas viviendas".

En su moción, el PP de l'Alcora alega que se trata de las situaciones, muy comunes, en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal, es decir, no se entiende únicamente perturbado el derecho del propietario o poseedor legítimo, cuya defensa ya contempla el ordenamiento jurídico, sino que se provoca una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales. A veces por ruptura de las normas de régimen interno de convivencia, por realizar actuaciones prohibidas, nocivas, insalubres o en general vedadas al resto de vecinos que sí conviven con títulos jurídicos.

Además, con el problema que comporta para los ayuntamientos de empadronar y dotar de servicios a aquellos ciudadanos que de forma ilegal acceden a una vivienda sin ser de su propiedad.

Este fenómeno nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza. Los okupas son delincuentes organizados. Y, por ello, al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja, y al vulnerable se le protege.

Propone el desalojo inmediato en caso de delito flagrante

En definitiva, se trata de asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito, y en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía; la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares; así como la imposibilidad de que se puedan empadronar y tener acceso a determinar beneficios y de endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas.

Es necesario modificar el marco legal para plantar cara a la ocupación y usurpación de viviendas, evitar distorsiones, contemplar un bien jurídico que aún no se había tenido en cuenta como es la convivencia vecinal pacífica y respetuosa y proteger a los propietarios y sus bienes.

Por todo ello, propone al Pleno del Ayuntamiento de l'Alcora que muestre su respaldo a la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, aprobada recientemente en el Senado.