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El PP seguirá trabajando por y para la defensa de los vecinos y de los municipios frente a megaproyectos que suponen la destrucción de cientos de hectáreas agrícolas y que afectan al pastoreo tradicional y a la caza
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha creado una plataforma de alcaldes para defender a vecinos, agricultores y ganaderos frente al impacto de las megaplantas solares. La plataforma nace con el objetivo de tener interlocución directa con los responsables de aprobar estos proyectos, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, y así poder defender con las máximas garantías los intereses de los vecinos.
Alcaldes y candidatos del PP de Les Useres, Vall d’Alba, Sant Joan de Moró, Torreblanca, les Coves de Vinromà, Cabanes, Benlloch y Vilafamés ya forman parte de la plataforma por el futuro del interior. La plataforma está abierta a alcaldes, candidatos, asociaciones así como a cualquier institución o entidad que se quiera sumar para preservar el paisaje, proteger a los pequeños agricultores y ganaderos y ordenar el territorio frente a los proyectos que devoran el suelo allá donde se implantan.
La plataforma solicitará reuniones con Subdelegación del Gobierno, Generalitat Valenciana y Gobierno de España, que son los responsables de autorizar las megaplantas, para que los intereses de los vecinos no se vean afectados por megaproyectos que restan desarrollo y posibilidades futuras en el interior.
La plataforma está abierta a alcaldes, candidatos, asociaciones así como a cualquier institución o entidad que se quiera sumar para preservar el paisaje, proteger a los pequeños agricultores y ganaderos y ordenar el territorio frente a los proyectos que devoran el suelo allá donde se implantan
Una de las primeras acciones de la plataforma será exigir a la Diputación que se comprometa a presentar alegaciones ante las administraciones correspondientes para frenar la autorización de instalaciones fotovoltaicas de grandes dimensiones
Una de las primeras acciones de la plataforma será exigir a la Diputación que se comprometa a presentar alegaciones ante las administraciones correspondientes para frenar la autorización de instalaciones fotovoltaicas de grandes dimensiones en la provincia de Castellón. También se exige a la Diputación que ofrezca todo el soporte técnico y económico que sea necesario para que los ayuntamientos de los municipios afectados puedan afrontar con garantías los trámites que se requieren para la presentación de alegaciones a estos megaproyectos.
Además, la plataforma solicitará reuniones con responsables de la Subdelegación del Gobierno, Generalitat Valenciana y Gobierno de España, que son los responsables de aprobar las megaplantas, para que los intereses de los vecinos no se vean afectados por proyectos que restan desarrollo y posibilidades futuras en el interior.
El PP apuesta por la defensa del suelo agrícola frente a la autorización de instalaciones fotovoltaicas de grandes dimensiones. Por eso, desde el PP se ha alzado la voz y se seguirá haciendo ante cualquier administración para que los intereses de los vecinos no se vean afectados por megaproyectos que restan desarrollo y posibilidades futuras en las comarcas de interior.
El PP tiene claro que es necesario adoptar medidas desde todas las administraciones para blindar a los pueblos ante la avalancha de proyectos de megaplantas solares.
Además, desde el Partido Popular se apuesta por establecer las directrices a seguir para la instalación de este tipo de instalaciones, siguiendo para ello criterios de equilibrio, coherencia y armonía con el entorno paisajista, agrícola y urbanístico.
La consecución de megaproyectos de plantas solares supondría la destrucción de buena parte de los campos del municipio donde se ubican, un grave daño medioambiental a sus ecosistemas, el empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y, como consecuencia, un perjuicio económico a todos los sectores del pueblo, cuyo futuro quedaría hipotecado a los designios de multinacionales.
El PP seguirá trabajando por y para la defensa de los vecinos y de los municipios frente a megaproyectos que suponen la destrucción de cientos de hectáreas agrícolas y que afectan al pastoreo tradicional y a la caza (con las consecuencias económicas que conlleva para todos los agricultores), entre otras actividades.
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